Las cuatro mujeres de la comunidad mapuche detenidas en el operativo de desalojo de Villa Mascardi que habían sido encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza serán trasladadas nuevamente a la ciudad de Bariloche, según dispuso anoche la jueza Silvina Domínguez en una resolución.
La jueza federal subrogante revisó de este modo su decisión anterior, que había generado una ola de críticas por enviar a las mujeres a 1.600 kilómetros de su lugar de residencia, y justificó el cambio a que se obtuvieron «nuevos cupos para el alojamiento» de estas detenidas en la Unidad Regional V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche.
La magistrada señaló que como a tres de las siete mujeres detenidas, al ser madres con hijos, se les dictaría la prisión domiciliaria, la sede regional de la PSA en Bariloche «obtendría nuevos cupos para el alojamiento», lo que permitiría llevarlas a ese predio, «único lugar de la órbita federal que cuenta con lugares de detención en la jurisdicción».
En su resolución, la jueza federal subrogante citó incluso la Regla de Bangkok N° 4 de la asamblea general de la ONU, que «prevé que las mujeres privadas de libertad serán enviadas, en la medida de lo posible, a centros de reclusión cercanos a su hogar o a centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas».
Domínguez subrayó en letra más oscura la frase «en la medida de lo posible» y agregó que al «cesar los motivos que hicieron necesario los traslados» a Ezeiza las cuatro mujeres deben regresar a Bariloche, al entender que esa ciudad «es el lugar en donde las mencionadas podrán estar en mejores condiciones en razón de las personas que pudieran auxiliarlas mientras dure la detención».
Los abogados de las siete mujeres de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu fueron notificados de la decisión en la madrugada de hoy, luego de que ayer la jueza tomara declaraciones indagatorias a seis de las detenidas a través de la plataforma Zoom, según confirmó a Télam una de las letradas de la defensa, Andrea Reile.
«Hoy sábado, a las 2 de la madrugada, la jueza subió una cédula (al sistema de gestión judicial de expedientes) disponiendo que trasladaba a las cuatro detenidas que están en Ezeiza a la Unidad 5 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche», señaló la abogada, que patrocina a las detenidas junto a su colega Ezequiel Palavecino.
El traslado desde Ezeiza a Bariloche se concretaría a las 16, estimaron fuentes judiciales de Río Negro, y el procedimiento en principio estaría a cargo de la Policía Federal, ya que en la resolución de la jueza se instruyó al comisario inspector Sergio Brizuela de esa fuerza para que cumpla con la requisitoria, o en su defecto «al personal que a tal efecto designe».
El martes pasado, las fuerzas federales organizadas en un comando unificado con la participación de la policía rionegrina detuvieron a siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en las inmediaciones de la ruta 40.
Cuatro de ellas -Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Melo- fueron encarceladas en el penal de mujeres del Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza.
Consultada por la decisión de que las cuatro sean llevadas de regreso a Bariloche, la abogada defensora respondió que «con los elementos que ha tenido, la magistrada ha revisado su decisión y ha entendido lo mejor y lo más respetuoso de la legalidad era que estuvieran en el lugar en el que tienen su centro de vida».
«La jueza decidió el traslado (a Bariloche) luego de tomar las indagatorias, en las que dos de mis defendidas declararon sobre todo el procedimiento», sostuvo la letrada Reile, y amplió: «La decisión de la jueza se produjo después de que tomara declaración indagatoria a seis de las siete mujeres detenidas, ya que a una de ellas ya le habían tomado indagatoria el día anterior (por el jueves)».
Sobre las indagatorias realizadas ayer, la abogada indicó que todas se llevaron a cabo a través de la plataforma Zoom (la jueza reside en Bariloche y cuatro de las detenidas se encontraban en Ezeiza) en una seguidilla de declaraciones que comenzó «el viernes a las 5 de la tarde y terminó como a las 22 o 23», detalló.
Anoche mismo, una vez que terminaron las indagatorias, los dos defensores pidieron sobreseimientos y excarcelaciones, contó Reile.
«Los delitos por los que ellas son acusadas no tienen nada que ver con lo que han hecho: todo ha sido muy exagerado, fuera de lo normal», planteó.
La defensora de las mujeres del asentamiento de Villa Mascardi integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), una de las entidades que repudió el operativo de desalojo y que cuestionó -particularmente- el encarcelamiento de las cuatro mujeres a 1.600 kilómetros del lugar en el que viven.
«Todo lo que pasó desde la orden de allanamiento, detención y secuestro, y que se llevó a cabo con el operativo conjunto entre Nación y Provincia (por Río Negro), hizo que el procedimiento fuera una clara violación a los derechos humanos», insistió hoy Reile al hacer su balance, y añadió: «Desde que se libró esa orden y todo lo que se hizo después fue una clara violación a los derechos humanos por parte del Estado argentino».
En la misma línea, continuó: «El despliegue de fuerzas y de recursos implicó una serie de irregularidades procesales y se violaron claramente derechos humanos y normativas internacionales que refieren a los derechos de la mujer, al interés superior del niño y a los derechos de las comunidades indígenas».
En paralelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) anunció esta mañana que «la jueza federal de Bariloche había ordenado el traslado nuevamente a Bariloche» de las cuatro mujeres que habían sido llevadas a Ezeiza.
La entidad cuestionó a la jueza Domínguez al manifestar que «después de tres días, ahora resulta que el mejor lugar es ese, del que nunca deberían haber sido sacadas».
Además, exigió a las autoridades que «aseguren un traslado que esta vez sea respetuoso de los derechos humanos», al denunciar que en el viaje desde Bariloche a Ezeiza las cuatro detenidas recibieron «tratos denigrantes».
«Todo este despliegue constituye un proceso de evidente disciplinamiento y desprecio por las mujeres mapuches», acusó el Cels a través de un hilo de Twitter.
En ese sentido, le reclamaron a la Justicia federal que a las apresadas «no se les realice requisas en sus cuerpos, bajo ninguna circunstancia» y además solicitaron que «no se les realicen largos trámites de registro; no sean esposadas en el viaje; se les dé comida y abrigo; se les informe el destino, horario de llegada; y se extremen todos los recaudos para asegurar la dignidad de estas cuatro mujeres».
Las siete integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu fueron detenidas por las fuerzas federales al completarse el desalojo de nuevo predios ubicados en las inmediaciones de la ruta 40.
Las mujeres quedaron imputadas por la Justicia en una causa caratulada «Incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación».
De las siete que fueron apresadas, tres permanecieron desde el primer momento en Bariloche: se trata de Betiana Ayelén Colhuan, María Celeste Ardaiz Guenumil y Romina Rosas, quienes tienen bebés de pocos meses que están lactando (Colhuan y Ardaiz Guenumil) o cursan un embarazo casi a término, en el caso de Rosas, internada en el hospital Ramón Carrillo.
