El presidente Javier Milei decidió redoblar su desafío a las universidades públicas luego de vetar la ley de financiamiento de las altas casas de estudio aprobado por el Congreso de la Nación. Contra los datos del Indec, el fin de semana aseguró que las universidades públicas “han dejado de ser una herramienta de movilidad social” y consideró que “la verdad es que hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos”.
Sin embargo, la percepción popular va en contra de estas afirmaciones, ya desmentidas por el organismo de estadísticas oficial, que en la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indicó que el 48,5% de los estudiantes universitarios provienen de hogares pobres. A la vez, el último Anuario publicado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU), que depende del Ministerio de Capital Humano, indicó que entre el 48% y el 68% de los ingresantes a universidades públicas en la Argentina son la primera generación de su familia en acceder a estudios universitarios.
Por otro lado, un anticipo de la última encuesta de la consultora Zuban-Córdoba, indicó que el 80,7% de las personas consultadas indicaron estar de acuerdo en que “las universidades ayudan a la movilidad social”, con sólo un 13,2% en contra -y un 6,1% que “no sabe/no contesta”-. El estudio detectó incluso que el 64,7% de los votantes de Milei en el ballottage está de acuerdo con esta afirmación y el 25,3% en contra. El porcentaje de apoyo se eleva al 96,5% de los votantes de Sergio Massa en aquella votación y 1,4% en contra. Por otro lado, un 76,2% de los 1800 consultados se manifestó en desacuerdo con la afirmación de que “los pobres no llegan a la universidad pública”, contra un 21,8% de acuerdo y un 2% que “no sabe”.
“Hemos medido el tema universidades públicas desde todos los ángulos posibles (político, económico, social, ideológico): el consenso social para el sostenimiento de las universidades públicas y gratuitas es mayoritario, contundente, total”, anticipó a HDC la politóloga Paola Zuban, directora de la consultora, que agregó que aún están “procesando los datos” del trabajo.
Otra encuesta nacional de la consultora Explanans, realizada con 6.154 casos en todo el país, confirmó estos percepciones al sostener que “el resultado es categórico: 7 de cada 10 argentinos pide que las universidades sigan siendo públicas y gratuitas”. Ante la consulta “¿Cómo debe ser la universidad en Argentina?”, el 71,1% contestó en efecto que debe ser “pública y gratuita”; mientras que un 26,5% respaldó la opción de “pública y paga” y sólo un 2,4% optó por la opción de “totalmente privada”.
La encuesta midió la percepción del gobierno de Milei a 300 días de su asunción y detectó que el 44% tiene la valoración más baja de la gestión presidencial del uno al diez (1)-porcentaje que creció 4% en relación a julio-, mientras que el 20,8% le pone la máxima nota (10): la valoración negativa llega al 52,6%, mientras la positiva al 47,4%.
Demora oficial en completar la AGN
Pese a que el presidente Javier Milei acusa a las universidades públicas de no querer ser auditadas, lo cierto es que su propia gestión demora la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo a cargo de controlar las cuentas de las casas de estudio.
La web de la AGN es elocuente: en el espacio donde está publicado su organigrama, no hay información debajo del subtítulo “Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Diputados”.
La demora de esos nombramientos se debe a la rosca legislativa entre el Gobierno y sus aliados del PRO en la previa a votación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, ya que ambos se disputan un lugar que también reclaman los radicales.
La composición de la AGN se define por el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, quien es el apoderado del PJ a nivel nacional.
Debajo de Olmos, el directorio se compone de tres auditores designados por el Senado y tres por Diputados, que aún están vacantes por la demora en las negociaciones legislativas del Gobierno con el PRO.
