El oficialismo de Hacemos por Córdoba presentará en los próximos días en la Legislatura provincial un proyecto de ley con el objetivo de limitar el uso de los vehículos judicializados, una práctica que quedó envuelta en la polémica tras el trágico siniestro protagonizado por el legislador oficialista, Oscar González, que se conducía en uno de estos autos. De tal manera, dichas unidades no podrán ser cedidas a los poderes Ejecutivo ni Legislativo.
Con los cambios que se propondrán en la iniciativa parlamentaria, solamente podrán ser utilizados por la justicia, las fuerzas de seguridad y las entidades de bien público. También se decidió unificar los criterios para el otorgamiento de los carnés de conducir en todos los municipios cordobeses. Estos son los dos cambios con los que se avanzará en la Unicameral luego del choque en las Altas Cumbres que terminara con la vida de una docente.
Desde el año 1996, cuando se sancionó la ley 8.550, los rodados secuestrados por la justicia en causas penales son administrados por el Poder Judicial y cedidos a diferentes reparticiones estatales, municipios y entidades de bien público. Sin embargo, el mal uso y el descontrol expuestos en torno a la forma en la que se utilizan esos rodados en algunas reparticiones obligaron al Estado a buscar un ordenamiento de la situación.
El automóvil BMW X1 en el que se conducía González al momento del fatal choque –que además tiene la particularidad de portar una patente melliza– forma parte de estos vehículos administrados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Además, el ex presidente provisional de la Legislatura tenía bajo su tutela otros tres autos, todos de alta gama, de un total de 10 a disposición del Poder Legislativo.
La nueva iniciativa es consensuada con integrantes del Alto Cuerpo, informaron desde el Panal. El oficialismo descuenta que la nueva normativa será aprobada antes de fin de año, reveló el periodista del diario La Voz del Interior, Mariano Bergero. De la iniciativa se desprende que, desde la sanción de la ley, tanto el Poder Ejecutivo –lo que incluye a todos los ministerios y a las agencias– como el Poder Legislativo estarán excluidos del reparto de los rodados. También quedarán al margen los municipios y las comunas del interior. Estas limitaciones representan el principal punto de la reforma que se llevará adelante.
Según remarcaron las fuentes gubernamentales con acceso al borrador del proyecto de ley, habrá un “severo control” para que se respete la obligatoriedad de que los vehículos estén identificados con placas que resalten e indiquen que son rodados judicializados. Esa exigencia está presente en la ley actual, aunque en la mayoría de los casos no se cumple ni se controla.
