El Concejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó en la sesión de ayer un proyecto de ordenanza que establece controles de consumo de psicotrópicos ilegales a quienes ocupen puestos electivos y también a todos los funcionarios municipales hasta el rango de subdirectores y asesores.
Por mayoría, los ediles sancionaron una iniciativa que permitirá modificar el artículo 50 Bis del Código Electoral Municipal, referido a la lista de candidatos, junto con una compatibilización con el Código de Ética para el ejercicio de la función pública, por lo que se estableció sumar un articulado que establecerá obligaciones para los funcionarios municipales electos a lo hora de realizarse controles sobre el consumo de estupefacientes.
“Las personas que desempeñen funciones por elección popular, intendente, viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y subsecretarios, directores y subdirectores, asesores o las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados están obligados a presentar ante la autoridad competente un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”, se describió en el nuevo artículo incorporado.
Esta iniciativa –que había surgido como un proyecto del concejal oficialista Diego Casado, que en una primera etapa alcanzaba solo a los candidatos a cargos electivos–, fue sumando modificaciones y contó con el apoyo del Ejecutivo municipal, recordó en un informe el diario La Voz del Interior.
Previo a su tratamiento en sesión ordinaria, el proyecto fue debatido en varias reuniones de comisión en las que participaron especialistas de la salud vinculados con el estudio del consumo de drogas. El mismo proyecto tratado incluyó un segundo artículo que estableció (para ser incorporado en el Código de Ética para el ejercicio de la función pública) que, en caso del funcionario incumplir con lo solicitado, se arbitrarán los mecanismos para el abordaje integral en situación de “consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales”.
Estos dos artículos incorporados a la normativa vigente contaron con el apoyo de las bancadas de Hacemos por Córdoba, Córdoba Cambia, Vamos Córdoba, Encuentro Vecinal, Evolución Radical y UCR (aunque con la abstención de la mestrista Daniela Sacchi). También se abstuvo en la votación la olguista Gabriela Paulí (Fuerza de la Gente); mientras que la edil de la izquierda Laura Cubas fue por la negativa.
“El ejemplo siempre tiene que empezar por casa, hay que mirar con tranquilidad a los que pretendemos representar, que nos eligieron con su voto. Hay razones y coherencia”, dijo Casado al comienzo de su fundamentación.
“Asumimos con responsabilidad cada tema y exigimos al máximo el compromiso para resolver los problemas, y más en este caso de tanta preocupación, por lo que pasamos de preocuparnos a ocuparnos, hay que dar el ejemplo sin hipocresía y son coraje… Vamos a responder con el ejemplo para que saquemos la mugre cerca. Esto tendrá un impacto estrepitoso a nivel nacional, es poner reglas claras”, insistió Casado.
Por su parte, el radical Lucas Balian (Vamos Córdoba) acompañó el proyecto, al igual que la mayoría de las bancas alienadas con Juntos por el Cambio, aunque realizó cuestionamientos al uso de la propuesta. “Entraron con quinta a fondo con este tema y terminaron en primera y regulando. Les digo que es difícil estar en contra de este proyecto, pero nos han sometido a una manipulación”, indicó.
Admitió que la norma tendrá impacto para detectar la situación de consumo problemático y reconoció el trabajo de la comisión. “Uno no puede estar en contra, pero hubo populismo, maniqueísmos e hipocresía”, dijo el radical. Al tiempo que pidió a los actuales funcionarios municipales a que cumplan con la realización de estos controles de estudios de estupefacientes.
A su turno, el concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal Córdoba) resaltó el nivel de discusión y de análisis, en un debate que se extendió casi dos meses. “Entre lo ideal y la nada, mejor lo posible, pero podría haber sido una solución con validez legal y con mecanismos de control más firmes”, dijo.
Pablo Romero (UCR), presidente de la comisión de Prevención de Adicciones, en la que se desarrolló la discusión sobre el tema, recalcó la confidencialidad. “Esta iniciativa no potencia ni tributa o facilita ningún tipo de prejuicio, no discrimina ni estigmatiza a la persona que padece este problema del consumo. Lejos, la información deberá tener privacidad, tiene un estricto protocolo para abordar y acompañamiento para brindar contención y asistencia”, dijo Romero.
La olguista Paulí también destacó el debate y estudio en comisión, aunque cuestionó algunos puntos por lo que planteó su abstención. “El proyecto no tiene la suficiente musculatura para enfrentar el problema de los vínculos entre el narcotráfico y el poder político. Falta autoridad de aplicación, el Código de Ética no es la vía para establecer estos controles, faltan precisiones sobre el tipo de controles y la metodología a aplicar…Tampoco está claro qué hacemos con los casos positivos”, expresó.
Cubas, que fue por la negativa, fue una de las más críticas al indicar que se trataba de un proyecto “moralista y condenatorio”. “Estos proyectos son una manipulación mediática y combativa, puritana que son un parche solo en un ojo que quieren ver la realidad de lo que sucede”, apuntó Cubas al hacer mención al problema del narcotráfico.
