El Gobierno logró el primer paso de que los mandatarios provinciales acepten ir a la Casa Rosada para escuchar la propuesta con la que Javier Milei pretende destrabar los restos de su ley ómnibus.
Reimplantar el impuesto a las Ganancias para quienes ganan más de $1,5 millones con el objetivo de que las provincias recuperen fondos, fue una de las propuestas.
Por ahora los gobernadores «no la ven». Creen que la Nación pretende usarlos para compartir el costo político de una medida que caerá muy mal entre los trabajadores.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, es quien encabeza las dificultosas negociaciones. El objetivo es que el Congreso dé vía libre a lo que antes rechazó, y llegar al 25 de mayo con un plan de metas de aspecto fundacional.
Mientras esa negociación espinosa se lleva adelante, Milei confía en un cambio en la composición de las cámaras en las elecciones de medio término que lo pueda sacar de la situación de debilidad parlamentaria.
En este escenario, Milei parece haber abierto la puerta para que la discusión con los mandatarios provinciales tenga como resultado un apoyo amplio al megaproyecto de ley, que naufragó en las sesiones extraordinarias, a cambio de un alivio fiscal para las alicaídas arcas provinciales.
Una posibilidad es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, pero en este aspecto ya hubo alguna aspereza: la Nación quiere achacarle esa idea a los gobernadores y estos tampoco quieren absorber el costo político de reducirle el salario a un amplio grupo de trabajadores en un contexto de profunda recesión económica.
La convocatoria del presidente Javier Milei a una nueva ronda negociadora con los gobernadores vuelve a poner sobre la mesa algunos artículos y medidas que están relacionadas con el ajuste fiscal que busca Luis Caputo y que necesitaban respaldo parlamentario.
El fracaso del primer intento de sanción de la Ley Ómnibus le había costado al Poder Ejecutivo casi 1,5% del PBI del ajuste total de 5 puntos del PBI que necesita este año.
Aún no está claro si el texto completo de la segunda versión del megaproyecto será o no idéntico a la última versión negociada sobre el filo en Diputados, que había logrado el respaldo en el tratamiento en general, justo antes de que el oficialismo decidiera retirarlo ante la falta de apoyos en la votación en particular.
Antes de que fracasara la Ley Ómnibus en el primer intento de debate en el recinto de Diputados, la hoja de ruta de Caputo exhibía que casi el 60% del ajuste fiscal que buscaba para 2024 estaba explicado en una poda presupuestaria para algunos sectores como las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública -estos dos son señalados como las erogaciones que con mayor rapidez sufrirán un guadañazo- junto a subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.
Otro casi 40% se sostiene por subas de impuestos, principalmente la del impuesto PAIS para las importaciones, un incremento generalizado de derechos de exportación, el aporte de la moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales. Esos tres últimos integraban el megaproyecto de ley que se negoció el Congreso. Aquel 40% fue puesto en duda tras el naufragio de la ley ómnibus y empezó a tener mayor peso aquella proporción que correspondía a la «motosierra».
Aún no está claro qué alcance tendrá el nuevo envión que tendrá la Ley Ómnibus, pero en el equipo económico creen que la modificación en la fórmula de actualización trimestral de haberes y la iniciativa de Ingresos Personales que haga volver a pagar el impuesto a unos 800.000 asalariados tenían «buen consenso» durante las discusiones preliminares. En algunas provincias ya asoma, de todas formas, una resistencia a restituir la cuarta categoría de Ganancias.
De todas formas, el Gobierno sigue sumando sectores de la sociedad alarmados por el ajuste: la radiografía muestra que durante el primer bimestre, la reducción total del gasto primario habría sido de $3,9 billones en moneda de febrero de 2024.
Una vez más, los jubilados y pensionados habrían sido el grupo más afectado por esta reducción, contribuyendo con el 43% del total, equivalente a $1,68 billones. Le seguirían las transferencias totales a provincias, aportando el 6%, y el gasto salarial con el 5%. El 46% restante del ajuste habría sido distribuido entre los demás rubros.
Otro debate es qué porcentaje del ajuste fiscal que llevó adelante corresponde a «licuadora» y cuál a «motosierra».
Milei dice que por ahora es más motosierra que licuadora. Pero los números no estarían indicando ese resultado.
Según el economista Leandro Ziccarelli, el 51% del ahorro en términos reales fue por el efecto licuador de la aceleración inflacionaria y el 49% de ajuste de partidas presupuestarias.
Un resultado demasiado pobre para el aspecto fundacional que Milei pretende imprimirle a la primera etapa de su gobierno.
