Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, denunciaron hoy el funcionamiento de una red de trata de personas que operaba en Chaco, liderada por dirigentes piqueteros, que prostituía mujeres a las que ofrecía incluirlas como beneficiarias de planes sociales a cambio de favores sexuales.
En una conferencia de prensa que brindaron hoy junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en la Casa Rosada, los funcionarios explicaron que la red estaba «comandada por dirigentes piqueteros que prostituían mujeres a cambio de otorgar sus planes sociales», en una «matriz que se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia con gerentes de la pobreza como intermediarios».
Bullrich aseguró que este accionar «está enmarcado en una destrucción de valores, que hace que los que manejan la política social, los planes sociales, se creen que tienen poder y el poder de dominar y de explotar a la gente».
La ministra recordó que «en el año 2021 el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a 15 años de prisión a una acusada de una organización social que lo que hacía era entregar chicas para abusos sexuales a funcionarios» y señaló que «hubo en este caso cerca de 70 mujeres abusadas en nombre de la política social, que luego entraban en esta lógica de la trata».
El gobernador Zdero aseguró que «hemos tomado la firme decisión de combatir esta matriz, de luchar contra la corrupción y que esto nos lleva no solamente a este tipo de cosas, sino que se materializa con otras organizaciones sociales en las cuales llevamos más de 40 autos secuestrados a organizaciones piqueteras».
Afirmó que también se presentaron «denuncias concretas a la justicia provincial respecto del uso de beneficios sociales para el enriquecimiento de los dirigentes sociales, cuando cada vez tenemos más pobres en la provincia del Chaco»
«A nosotros nos da pudor llamar a estos malandras ‘dirigentes sociales'», dijo Zdero, quien planteó que con la «complicidad del gobierno provincial anterior se generaron estados paralelos a disposición de los dirigentes sociales, en una alianza política, de proyecto político, entre todos y cada uno de los denunciados».
Sostuvo que «es matriz de corrupción en nuestra provincia se manifestaba hace mucho tiempo, no solamente la denunciábamos antes de ser gobierno, y quedó muy expuesto con el caso de Cecilia Strzyzowski», desaparición por la que está acusado y detenido el piquetero Emerenciano Sena, su esposa y su hijo, «y esa complicidad e impunidad es lo que nos llevó a nosotros a avanzar fuertemente en las investigaciones».
Bullrich señaló que a raíz de estas situaciones, las que «se repiten en distintas provincias», la orden del presidente Javier Milei es que «no hay más intermediarios, no solamente porque tengan una denuncia penal, sino porque el modo en que han utilizado el poder es un modo que va en contra de la libertad y de la autonomía de las personas. Así que: no más intermediarios».
La ministra dijo que la otra «decisión es un cambio legal donde la asociación ilícita, que no solamente va a ser utilizada para estos casos de trata de personas, sino para todos los delitos federales, se va a modificar para que los partícipes de una asociación ilícita especial, como lo ha hecho Italia con la ley antimafias, permita que realmente haya una verdadera persecución penal contra todos aquellos que utilizan el Estado, el dinero, el poder en beneficio propio».
Bullrich aludió además a las denuncias recibidas en su ministerio vinculadas al manejo de los planes sociales, y señaló que «hubo 80 mil llamados y no recibimos más porque no tenemos más capacidad», alertando que los dirigentes «amenazaban con la quita de planes, la obligación de ir a las marchas con cuchillos, piedras y palos, extorsión, aprietes, abusos sexuales, imposiciones» o de que «caminen por la calle y con chicos pequeños» para desafiar el protocolo antipiquetes
El ministro Cúneo Libarona, por su parte, afirmó que «estamos frente a hechos gravísimos y una matriz delictiva con un proceder sistemático que cuenta con medios y una estructura y tiempo, en el tiempo, permanencia, continuidad» a la que «hay que atacar, hay que destruirla», y destacó que «el presidente Javier Milei nos ordenó combatir el delito con la máxima energía».
Señaló que en materia normativa «estamos trabajando en un tipo penal especial vinculado a los intermediarios y el fraude con el dinero destinado a la ayuda comunitaria que se lo malversa», y «hay extorsión, lavado de dinero, porque insertan el dinero que obtienen del delito en el mercado en forma ilegal, y vamos a seguir las convenciones internacionales que nos rigen en la materia»
«En estos casos se ha demostrado que se puede», enfatizó y elogió la «actitud que tomaron en el Chaco, que es digna de elogio y se probó el mal que producen estos intermediarios de planes sociales que los utilizan malversándolos, desviándolos con fines exclusivamente delictivos»
Por ello, indicó el ministro de Justicia, «vamos a dar apoyo normativo, proponer nuevos delitos y el incremento de las penas para que se sancione con proporcionalidad y mano justa, como nos han indicado, y hace días que estamos trabajando en esto, toda la estructura del Estado para combatir estas deleznables conductas de corrupción que tanto afectan a la sociedad».
También participaron de la rueda de prensa el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich y el diputado provincial por Juntos por el Cambio, Iván Gyöker.
