El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió como director titular de YPF en representación del Estado Nacional, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La designación corresponde a las acciones Clase A, que incluyen la Acción de Oro, un derecho especial que otorga al Estado poder de veto en decisiones estratégicas.
La designación fue comunicada formalmente por el accionista Clase A —Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía— y se concretó en una reunión del Directorio realizada este viernes.
En el mismo encuentro, se aceptaron las renuncias de los directores titulares por la Clase D Eduardo Rodríguez Chirillo y José Rolandi, quienes dejaron sus cargos por razones personales. En su reemplazo, la Comisión Fiscalizadora designó como directores titulares por esa clase a Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete, y al ex diputado nacional Martín Maquieyra.
Los directores designados ejercerán funciones hasta que la Asamblea de Accionistas elija nuevas autoridades.
Con esta decisión, Adorni ocupa el lugar que hasta ahora correspondía a Guillermo Francos en la representación estatal con Acción de Oro. Francos, en tanto, continuará en el Directorio como director Clase D, en representación del sector privado.
Al igual que sus antecesores en la Jefatura de Gabinete, Adorni renunció a percibir honorarios como director de YPF y cobrará únicamente su salario como funcionario público.
El Estado Nacional controla el 51% del capital accionario de YPF, lo que le permite intervenir de manera directa en la designación de autoridades y en la definición de la estrategia de la compañía.
Desde la empresa indicaron que las modificaciones en la integración del Directorio serán reflejadas en los próximos días tanto en los registros oficiales como en las bolsas donde cotiza la petrolera, incluida la de Nueva York.
La reconfiguración del Directorio se enmarca en una reorganización impulsada por el Gobierno en la conducción de la empresa energética que preside Horacio Marín, con el objetivo de reforzar el control estatal y ordenar la representación política dentro del board.
