Los fondos que resultaron beneficiarios del fallo millonario por la nacionalización de YPF darán un nuevo paso en la disputa judicial contra la Argentina. El próximo jueves 15 de enero presentarán ante la jueza Loretta Preska un escrito para que el Estado argentino sea declarado en desacato y se le impongan sanciones económicas.
La iniciativa será impulsada por los demandantes, entre ellos el fondo Burford Capital, en el marco del litigio que derivó en una condena por unos US$16.100 millones. El reclamo se basa en lo que consideran un incumplimiento de una orden judicial que obliga a la Argentina a entregar registros de WhatsApp y otros servicios de mensajería de determinados funcionarios públicos.
El especialista Sebastián Maril explicó que la medida apunta a la falta de presentación completa de esa información. “Se trata del supuesto incumplimiento del país de una orden que exige esos registros. La mayoría de los funcionarios ya cumplió, pero al 12 de enero todavía restan seis”, detalló en redes sociales.
Según precisó el analista, el Estado argentino presentará su escrito de defensa el próximo 19 de febrero, en un intento por frenar la aplicación de sanciones.
Desde la Procuración del Tesoro, en tanto, rechazaron las acusaciones y aseguraron que el país “está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”. En una comunicación oficial, las fuentes indicaron que se realizaron “entregas parciales y periódicas de la información relevada” y que existe una colaboración activa para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados.
Además, subrayaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”, en un contexto judicial que sigue sumando tensión y mantiene en vilo al Estado argentino por el impacto potencial de nuevas sanciones económicas.
