La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el cierre de la causa que investigaba al expresidente Mauricio Macri y a los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en 2018, durante el gobierno de Cambiemos, por un monto total de US$57.100 millones.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, luego de que el fiscal general Raúl Pleé desistiera de la apelación que buscaba revertir el archivo de las actuaciones. De esta manera, la Cámara dio por concluida su intervención sin analizar el fondo de las acusaciones.
La investigación se había iniciado a partir de distintas denuncias que buscaban determinar si el endeudamiento con el organismo internacional y el destino posterior de los fondos habían facilitado una presunta fuga de capitales en perjuicio del Estado nacional. Entre las posibles irregularidades se analizaban conductas que podían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.
Además de Macri, Caputo y Sturzenegger, en el expediente figuraban el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex titular del Banco Central Guido Sandleris y otros funcionarios que participaron de la gestión económica durante ese período.
Los argumentos del fiscal para abandonar la apelación
El cierre de la causa había sido dispuesto en febrero de 2026 por el Juzgado Federal N.º 5, que consideró que no existía delito. En septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó esa decisión.
El fiscal Franco Picardi había cuestionado inicialmente el archivo. Más adelante, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe presentó un recurso de casación que fue declarado inadmisible y luego acudió en queja ante la Cámara de Casación.
Sin embargo, al intervenir en esa instancia, Pleé resolvió desistir de la impugnación. En su dictamen sostuvo que, después de más de cinco años de investigación, el Ministerio Público Fiscal no había identificado medidas de prueba concretas que permitieran modificar las conclusiones de los tribunales anteriores.
El fiscal también consideró que no se había logrado fundamentar de manera suficiente una hipótesis delictiva y cuestionó que la acusación se sostuviera, a su entender, en el desacuerdo con un determinado modelo económico.
Ante ese desistimiento, la Sala IV tuvo por abandonada la queja fiscal y confirmó el cierre del expediente, sin avanzar sobre una nueva evaluación de las pruebas relacionadas con el acuerdo con el FMI.
El querellante y las recusaciones rechazadas
En paralelo, los jueces analizaron los planteos de Antonio Conrado De Martino, un particular que había intentado participar del proceso como querellante por su condición de ciudadano y contribuyente.
La Cámara Federal ya había rechazado su incorporación al expediente al considerar que no había acreditado un perjuicio directo y personal derivado de los hechos investigados. De Martino recurrió esa decisión ante Casación con el objetivo de mantener abierta la discusión sobre el archivo.
No obstante, el tribunal también desestimó su presentación. Los magistrados explicaron que la adhesión a un recurso depende de la existencia de una impugnación principal admitida y que, en este caso, la queja fiscal había sido desistida por quien la había promovido.
El particular, con el patrocinio del abogado Nicolás Roberto Corbetto Norese, también había solicitado la recusación de los tres jueces de la Sala IV, el apartamiento de Pleé y la nulidad de su dictamen. Asimismo, recusó a Agüero Iturbe, pese a que anteriormente había adherido al recurso impulsado por ese fiscal.
La Cámara rechazó todos esos planteos por considerar que se basaban en apreciaciones subjetivas, referencias a otras investigaciones y publicaciones periodísticas, sin elementos objetivos que permitieran cuestionar la imparcialidad de los magistrados o justificar el apartamiento de los fiscales. También señaló la contradicción de recusar a un funcionario cuyo recurso se pretendía mantener vigente.
Una advertencia por expresiones antisemitas
La resolución incluyó, además, un cuestionamiento al contenido de los escritos presentados por De Martino y su abogado. Según los jueces, las presentaciones contenían acusaciones personales contra integrantes del Poder Judicial y expresiones de carácter antisemita.
En particular, el tribunal señaló manifestaciones en las que se atribuía a integrantes de la comunidad judía la organización de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, bajo la hipótesis de que habrían buscado presentarse como víctimas para favorecer intereses territoriales en Medio Oriente.
La Sala IV consideró que esas expresiones eran discriminatorias e incompatibles con los principios de la ley 23.592 y con el respeto a la dignidad de las personas. También remarcó que el derecho de defensa y la posibilidad de cuestionar decisiones judiciales no habilitan a formular acusaciones personales de carácter delictivo ni a atribuir intenciones ilegítimas a los magistrados sin pruebas que las respalden.
Por ese motivo, los jueces realizaron una observación formal tanto al querellante como a su abogado y les solicitaron que, en futuras presentaciones, respeten las pautas de decoro y consideración propias de la actividad judicial. Además, ordenaron dar intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que evalúe la conducta profesional del letrado.
El acuerdo con el FMI bajo investigación
El expediente tenía como eje el acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018, durante la presidencia de Macri. El financiamiento se anunció inicialmente por US$50.000 millones y posteriormente se amplió hasta alcanzar los US$57.100 millones.
Las denuncias buscaban establecer si el préstamo había sido necesario y si los fondos terminaron financiando una presunta salida de capitales con la participación de empresarios y financistas cercanos al poder. También se intentaba determinar si, durante la negociación, la firma y la ejecución del acuerdo, se habían incumplido las normas que regulaban este tipo de operaciones.
Con la confirmación del archivo y el desistimiento de la apelación fiscal, la investigación quedó cerrada en los términos de las resoluciones judiciales dictadas en las instancias anteriores.
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