La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se juzguen en un único debate oral, en contra de lo que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). El fallo, adoptado por mayoría de la Sala I, alcanza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner, acusados de asociación ilícita y lavado de activos en torno a las empresas de la familia.
En el expediente, la expresidenta figura como jefa de la presunta asociación ilícita, mientras que Máximo Kirchner está imputado de ser el organizador de la movida. En las causas también están acusadas otras 17 personas por presuntas maniobras de lavado de activos.
La decisión del tribunal
La decisión fue tomada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes consideraron que los argumentos del TOF 5 —integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti— no alcanzaban para sostener la división de los expedientes. De ese modo, respaldaron la postura del Ministerio Público Fiscal, que se opuso desde el principio a tramitar dos juicios por separados. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia: a su criterio, revertir lo que ya había decidido el TOF 5 implicaba una intromisión en una facultad exclusiva del tribunal de juicio, la organización del debate oral y público.
El TOF 5 había resuelto en septiembre que el juicio por Los Sauces comenzara el 23 de octubre, mientras que el debate por Hotesur quedaba para marzo de 2027. Entre sus argumentos para separar los procesos, el tribunal había señalado que se trataba de investigaciones diferentes y que la realización de audiencias sucesivas permitiría organizar mejor el desarrollo del juicio.
La resolución de Casación llega a pocos días de la fecha prevista para el inicio del juicio por Los Sauces, fijado para este viernes 23 de octubre con modalidad presencial. Con el nuevo fallo, ambos expedientes deberán avanzar en un mismo debate oral ante el TOF 5, que tendrá a su cargo el juzgamiento de los hechos investigados.
El recorido del caso
El conflicto llegó a Casación por un reclamo del fiscal de juicio Diego Velasco, quien sostuvo que separar las causas provocaba una “parcialización de la prueba”. Según su planteo, eso dificultaba apreciar la maniobra en su verdadera significación jurídico-penal, ponía en riesgo la teoría del caso de la acusación y también limitaba el derecho de defensa de los imputados.
El fiscal general Mario Villar acompañó esa posición ante Casación y argumentó que dividir el proceso tampoco favorece la celeridad, ya que supone dos juicios completos, con rondas de alegatos y sentencias por separado, además de los plazos y los eventuales recursos que cada uno traería aparejados. Villar también cuestionó que el tribunal oral hubiera dispuesto la separación sin un pedido previo de las partes ni una instancia específica de discusión, y advirtió que el tratamiento por separado podía fragmentar la prueba, perjudicar la estrategia de la fiscalía y derivar en decisiones judiciales contradictorias.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, también recurrió la decisión. El organismo objetó que las razones organizativas, la cantidad de testigos y la complejidad de las investigaciones no justificaban por sí solas la imposibilidad de realizar un juicio conjunto. Como alternativa, había propuesto organizar las audiencias en etapas: primero, con la prueba vinculada a Los Sauces; después, con la evidencia común a ambos expedientes; y finalmente, con los elementos correspondientes a Hotesur.
La posición de la defensa
La reunificación había sido rechazada por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, quien sostuvo que modificar el esquema a pocos días del inicio previsto para el juicio por Los Sauces podía provocar una postergación y afectar las garantías de defensa.
En la misma línea se había pronunciado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Fabián De Sousa, quien consideró que la organización de las audiencias debía resolverse como una cuestión preliminar ante el tribunal oral y cuestionó la intervención de Casación en esta etapa.
Las causas investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner. La hipótesis acusatoria apunta a los alquileres de propiedades y habitaciones de hoteles de la familia a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La Justicia deberá analizar las pruebas reunidas para determinar las eventuales responsabilidades penales de los acusados.
