La Justicia federal ordenó la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, perteneciente al empresario Lázaro Báez, tras comprobarse que el patrimonio judicialmente cautelado continuaba siendo explotado comercialmente. La maniobra se dirigía presuntamente desde el penal de Ezeiza, en el marco de una causa por lavado de activos.
La «clausura cautelar»
La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Vázquez, a requerimiento de la fiscalía, e incluye la instalación de una consigna policial permanente en el establecimiento rural para frenar el vaciamiento de los bienes comprendidos en las condenas previas del empresario.
“Sobre el conjunto de estas propiedades —incluyendo las estancias Alquinta y La Entrerriana, el predio de Kank y Costilla S.A. y el propio pabellón donde se aloja Báez— el fiscal requirió órdenes de allanamiento, secuestro, embargos e inhibición general de bienes”, detallaron fuentes judiciales.
La resolución judicial contempla un ingreso controlado exclusivo para cuidadores, veterinarios y autoridades sanitarias con el fin de proteger a los animales que se encuentran dentro del predio.
Negocios ilegales coordinados desde la cárcel
De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal federal Julio Zárate, las maniobras ilícitas consistían en operar directamente sobre un vasto patrimonio preexistente que ya poseía embargos, depósitos judiciales y mandatos firmes de decomiso.
Las pesquisas determinaron que Báez impartía órdenes directas desde su lugar de detención para renegociar contratos de alquiler y percibir sumas millonarias de manera clandestina, vulnerando de esta forma las restricciones patrimoniales impuestas por los tribunales.









