El Gobierno nacional avanza con la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los mecanismos incluidos en la reforma laboral, que comenzará a regir formalmente en noviembre de este año. El sistema busca establecer una herramienta de financiamiento para afrontar las indemnizaciones derivadas de despidos.
El nuevo esquema tendrá carácter obligatorio y contempla la creación de un FAL por cada empleador. Para conformarlo, las empresas deberán destinar mensualmente una parte de las cargas patronales que actualmente abonan al Estado.
El porcentaje será diferente según el tamaño de la compañía: las grandes empresas deberán aportar el 1% de su masa salarial, mientras que para las PyMEs el porcentaje será del 2,5%.
Durante los primeros seis meses, los fondos quedarán acumulados en las cuentas correspondientes a cada empresa. Por ese motivo, los recursos podrán comenzar a utilizarse para el pago de indemnizaciones recién a partir de mayo de 2027.
Dos alternativas para administrar los fondos
Uno de los aspectos centrales del nuevo mecanismo será la administración de los recursos. Cada empleador podrá optar entre constituir un Fondo Común de Inversión (FCI) o un Fideicomiso Financiero (FF).
Ambas alternativas deberán estar constituidas en la Argentina y contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En el mercado financiero estiman que las grandes compañías y multinacionales podrían inclinarse principalmente por los fideicomisos financieros, mientras que las pequeñas y medianas empresas optarían en mayor medida por los fondos comunes de inversión.
En este escenario, la firma multinacional TMF Group busca posicionarse como una de las fiduciarias encargadas de administrar los recursos desde noviembre.
Desde la compañía destacaron que la conformación del FAL mediante un fideicomiso financiero permitiría separar y proteger los recursos destinados a este fin, además de facilitar su trazabilidad.
Cómo podrán invertirse los recursos
El dinero depositado en los fondos podrá ser invertido en diferentes instrumentos financieros. Entre las alternativas previstas aparecen títulos públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires; plazos fijos y obligaciones negociables.
En el caso de los títulos de deuda de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, existe un límite de hasta el 15%. Los plazos fijos podrán representar hasta un 15% de la cartera, mientras que las obligaciones negociables tendrán un tope del 20%.
Sin embargo, el esquema no establece un límite específico para los títulos públicos nacionales. Esto implica que, bajo las condiciones previstas, el 100% de los recursos de un FAL podría ser colocado en deuda del Estado nacional.
Esta característica generó cuestionamientos entre algunos especialistas, quienes estimaron que el mecanismo podría canalizar hasta US$ 4.000 millones hacia títulos públicos, aportando una nueva fuente de financiamiento para el Tesoro.
Para invertir en deuda provincial o en obligaciones de empresas, en cambio, las condiciones son más restrictivas. Los activos deberán contar con una calificación AAA otorgada por al menos dos de las tres principales agencias internacionales: S&P, Fitch y Moody’s.
Según el análisis citado por Noticias Argentinas, actualmente ninguna provincia alcanza esa calificación, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de las empresas, aparecen entre las que reúnen las condiciones los bancos Macro, Galicia, BBVA y Santander, además de YPF, Pampa Energía, Pan American Energy y Adecoagro.
La CNV define la reglamentación
Aunque el inicio del FAL ya tiene fecha prevista, todavía resta completar parte de su marco regulatorio.
La CNV abrió el 13 de agosto una consulta pública para recibir propuestas y observaciones sobre la reglamentación del mecanismo. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre, durante un período de 15 días hábiles.
El organismo busca incorporar aportes de los distintos actores involucrados antes de definir las normas definitivas que regularán estos instrumentos.
El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que la consulta apunta a mejorar la regulación y a consolidar herramientas que, según su visión, podrían convertirse en una fuente de inversión de largo plazo para el mercado de capitales argentino.
De esta manera, el Gobierno se prepara para poner en marcha desde noviembre un sistema que modificará la forma en que las empresas deberán prever los recursos destinados a las indemnizaciones laborales, aunque su utilización efectiva para ese objetivo comenzará recién seis meses después.
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