Este jueves estaba destinado a quedar en la historia negra de Argentina. Como todos saben, estaba previsto que el Senado de la Nación debata la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Ejecutivo nacional en el marco de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa que amenaza con cambiar para siempre la matriz económica, social y geopolítica de Argentina.
La norma, que el Gobierno de Javier Milei tuvo que bajar a última hora ante la falta de apoyo legislativo –algo que fue generado por el fuerte rechazo social que despertó la iniciativa-, estaba destinada a modificar los ya generosos límites a la venta de tierras a capitales extranjeros que establece la actual Ley 26.737, sancionada en 2011, que dispone un tope del 15% del territorio para la propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental –así como también que ningún extranjero (persona física o jurídica) puede poseer más de 1.000 hectáreas-.
Si bien el Ejecutivo desistió de impulsar la iniciativa, nada indica que no vaya a volver a insistir en el futuro próximo. La norma busca redefinir el estatus de soberanía de la Argentina sobre su suelo, así como también el rol de las provincias sobre sus recursos estratégicos: su aprobación implicaría reescribir el mapa del país para las generaciones por venir.
Fuentes de agua dulce, reservas de biodiversidad, recursos agrarios, naturales y mineros, zonas estratégicas de frontera, pasarían a convertirse en bienes de cambio pasibles de ser adquiridos por cualquier fondo multimillonario del globo, sin importar las consecuencias que pueda tener para las comunidades y poblaciones afectadas, por no hablar del medioambiente de las zonas afectadas.
La visión de Hocsman
Ante este escenario, para comprender la magnitud de lo que está en juego, sus implicancias sobre las economías regionales y el alcance de las transformaciones que sufrirán las futuras generaciones, dialogamos con Daniel Hocsman, uno de los mayores especialistas en la materia.
Hocsman tiene una profusa y reconocida trayectoria académica y de campo: es docente e investigador de Conicet en el Centro de Investigación sobre Cultura y Sociedad (CIECS) y dirige el Doctorado en Estudios Sociales Agrarios en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), un posgrado que ya cumplió dos décadas, que se convirtió en una referencia ineludible para América Latina.
A través de sus investigaciones doctorales sobre las estrategias territoriales de comunidades collas en el Noroeste argentino, su trabajo docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC sobre las luchas por la tierra, y sus experiencias con comunidades mayas zapatistas en México u organizaciones campesinas locales, Hocsman construyó una mirada rigurosa, histórica y crítica sobre la estructura agraria argentina y las consecuencias del avance del libre mercado sobre nuestro territorio.
La función reguladora del Estado
Antes que nada, Hocsman sostiene que es imprescindible revisar las razones detrás de la intervención estatal en materia de recursos naturales y de suelo. «Se supone que el Estado tiene que regular las relaciones sociales que se establecen entre la voracidad del capital y los bienes comunes de la sociedad, para que no sea solamente el mercado quien disponga libremente de lo que es común a todos según su propia lógica de acumulación. Históricamente, la acumulación del capital ha ido de la mano del despojo, de la explotación, de la opresión y la represión de los habitantes del territorio. Desde la época de la Colonia, el despojo ha sido una relación fundante, de exterminio, como nos ha mostrado la historia continental», explica Hocsman, quien despliega un análisis histórico a nivel continental para pensar en los antecedentes de la iniciativa.
«Las leyes supuestamente deben resguardar ciertos derechos; ocurre que muchas veces lo que hacen es consagrar las prerrogativas e intereses de los sectores más poderosos. Lo que en una primera etapa se manifiesta de forma absolutamente violenta sin ninguna regulación, con el despojo de los habitantes de la tierra, luego es consagrado por la norma. Se supone que la ley debe resguardar a las víctimas, pero en muchos casos hace lo contrario. La propiedad privada es una creación propia del Capitalismo. Como analizó Marx en una de sus contribuciones más importantes, el origen del capitalismo se basó en el despojo de la tierra y de los medios de vida del campesinado, así como también de las riquezas de las colonias», recuerda el especialista.
La estructura agraria de Argentina
Al ubicar a nuestro país en el contexto de América Latina, Hocsman destaca que el mapa agrario nacional comparte la lógica dominante de la región, marcada por la concentración de la superficie en pocas manos, pero con una singularidad histórica respecto a otros países del continente.
«Toda la estructura agraria de América Latina es de tipo latifundista, con dos modelos dominantes: el modelo de plantación en zonas como la Amazónica o el Chaco, con grandes extensiones y mano de obra esclava; y lo que ha sido en la zona de alta montaña la hacienda andina, estructurada desde la Sierra Madre en México hasta nuestra cordillera para asegurar la provisión de mano de obra sometida en la minería. Argentina y Uruguay tienen una particularidad: son los únicos países que no tuvieron una reforma agraria, es decir, un gran proceso de redistribución de la tierra para que quedara en algunas otras manos que no fueran exclusivamente de los latifundistas», explicó en diálogo con Hoy Día Córdoba.
En el caso argentino, la redistribución del suelo fue parcial, acotada espacial y temporalmente a inicios del siglo XX, y estuvo atravesada por mediaciones empresariales y colonizadoras que condicionaron a los propios inmigrantes que llegaban de Europa a buscar suerte en nuestro suelo.
«Tuvimos un fuerte proceso de democratización de la tierra en lo que conocemos como la Pampa gringa, con la migración de los agricultores europeos a fines del siglo XIX y principios del XX. Eran campesinos desplazados en sus países de origen por los despojos del desarrollo capitalista y la Segunda Revolución Industrial. Pero esa tierra aquí fue primero monopolizada por grandes terratenientes o por las empresas inglesas que construyeron los ferrocarriles, que fueron quienes comercializaron el suelo. Los agricultores suizos, italianos, españoles o judíos debieron comprar la tierra acá», explicó Hocsman, quien recordó también que el propio Estado argentino se erigió sobre la expropiación violenta de las comunidades originarias que habitaban los territorios ancestrales, cimentando una matriz de despojo y explotación que aún perdura.
«El Estado argentino se funda en primer lugar en el despojo, la aniquilación y el arrinconamiento de los sobrevivientes de los pueblos originarios a través de la Campaña del Desierto de (Julio Argentino) Roca y la Campaña del general Benjamín Victorica en el Chaco. Se consolidaron dos estructuras agrarias dominantes: una en la región pampeana, donde salvo en la provincia de Buenos Aires —donde se conservaron los grandes latifundios ganaderos— hubo una mayor distribución inicial; y otra en la Patagonia y en el Noroeste argentino, donde la estructura latifundista se mantuvo y se sigue manteniendo hasta nuestros días», agrega el investigador, que para grafica el alcance y la continuidad de este fenómeno de concentración territorial a lo largo de las décadas con cifras contundentes: «En la Patagonia vemos la ganadería extensiva con grandes propietarios. Benetton llegó a tener un millón de hectáreas. En el Norte, donde hice mi tesis de doctorado trabajando durante siete años sobre la lucha por la tierra de comunidades collas cerca de Iruya, Robustiano Patrón Costas (un emblemático empresario azucarero y político salteño) llegó a tener 800.000 hectáreas bajo su propiedad, sea como dueño, como control territorial o con arrendamiento. Esa estructura de la gran propiedad no desapareció: el Ingenio San Martín del Tabacal existe, el Ingenio Ledesma existe y las grandes plantaciones de nogales o viñedos en La Rioja y el Noroeste siguen estando concentradas bajo la forma del latifundio», agrega.
El modelo agroexportador de los ‘90
Si bien el latifundio tradicional sentó las bases del mapa rural, Hocsman explica que la década del ‘90 introdujo un cambio cualitativo en el modo de producción. El advenimiento de los paquetes tecnológicos y de la soja transgénica expulsó masivamente a los pequeños y medianos productores del campo argentino, reconfigurando la dinámica del arrendamiento.
«A partir de los años 90 se produce un fuerte proceso de extranjerización de la tierra con la irrupción de un nuevo modelo agroexportador basado en la producción de bienes exportables y monocultivos transgénicos. Este modelo requiere una escala de miles de hectáreas. Al analizar los censos nacionales agropecuarios entre 1988 y 2002, se observa que quienes tienen menos de 500 hectáreas en La Pampa sufrieron enormes dificultades para sostenerse. La producción de alimentos diversificada —ganadería, alfalfa, maíz— no pudo competir con la lógica sojera. Esos chacareros debieron ceder y arrendar sus tierras a grupos inversores y pools de siembra», agrega.
El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras por falta de votos
La extranjerización ya está en marcha
En este punto del análisis, el investigador del Conicet introduce una perspectiva fundamental para entender el debate de fondo, al explicar que restringir la mirada a la titularidad jurídica de la tierra es un error de apreciación que oculta las formas reales en las que se despliega la extranjerización de la tierra en Argentina.
«La propiedad de la tierra no es lo que define centralmente a la extranjerización. Toda normativa jurídica sobre la propiedad de la tierra debe ser analizada, vista y considerada junto con los sistemas productivos de los cuales forma parte y los regímenes alimentarios que engloba. El modelo productivo dominante en el agro argentino no necesita la compra directa del suelo para apropiarse de ella: ese fue el primer engaño que tenía la ley aprobada en 2011. Vos podés restringir la propiedad, pero si liberas el alquiler, tenes menos propietarios extranjeros, pero más extranjerización efectiva«, explica Hocsman, quien advierte que actualmente el capital transnacional ya domina la cadena de valor completa de las producciones agrarias sin necesidad de poseer escrituras de la tierra.
«Las semillas las proveen transnacionales como Cargill u otras multinacionales; la comercialización está concentrada y la infraestructura clave, como el río convertido en la mal llamada ‘Hidrovía‘, cuenta con una veintena de puertos que en su mayoría están bajo control de capitales extranjeros, como corporaciones chinas o norteamericanas. También ocurre en la producción a pequeña escala: una finca campesina de 5 hectáreas en Misiones donde se produce tabaco puede estar formalmente a nombre del agricultor, pero si la tabacalera le provee el insumo, la semilla, el fertilizante y le fija la compra, hay una pérdida total de autonomía productiva y un envenenamiento de la tierra y el agua. El sistema productivo en su conjunto está extranjerizado», advierte el especialista, quien no obstante alerta que la reforma impulsada por el Gobierno de Milei implica un salto cuantitativo y cualitativo en la transferencia de recursos hacia los sectores corporativos.
El avance del modelo libertario
«Claramente, lo que propone este Gobierno es extremadamente expropiatorio de los derechos de los sectores más desprotegidos y vulnerados de la Argentina. Privilegia de manera absoluta los intereses del gran capital y de las corporaciones en todos los ámbitos donde pongamos la mirada. Es un proceso que se torna cada vez más violento e injusto«, explica Hocsman antes de aclarar que también hay que ver que es la profundización de un rumbo estructural trazado hace más de tres décadas del país.
«Es muy importante reconocer que este no es un proceso que se inicia con el gobierno de Javier Milei. Es un proceso de décadas que se agudiza fuertemente a partir de los años ‘90 con el gobierno de Carlos Menem, desplegando la liberalización, la reprimarización de la economía y la enajenación del patrimonio público controlado por el Estado hacia manos privadas o extranjeras. Las dictaduras militares en Sudamérica fueron el primer paso de esa enajenación, creando alianzas estructurales entre los sectores dominantes locales y el capital transnacional que aún perduran», afirma Hocsman, que de fondo analiza dos lógicas muy distintas en juego.
«La tierra tiene que ver con una relación social y con la Madre Tierra. Hay dos lógicas muy distintas: la lógica del capital, que se basa en la mercantilización, la propiedad privada individual y la búsqueda de lucro; y aquella de los pueblos originarios, campesinos, pescadores, cuyo sentido es comunitario y colectivo, donde la tierra no es una mercancía, sino un terruño, un lugar donde se despliega la vida», completa en diálogo con HDC.
¿De qué crecimiento hablamos?
Frente a la defensa oficial del proyecto, basada en el ingreso de divisas y el incremento de los índices macroeconómicos, Hocsman desmonta los argumentos del derrame económico con una distinción tajante sobre el tipo de desarrollo que se promueve.
«Existe un engaño cuando se sostiene que mayor crecimiento económico o mayor ingreso de divisas significa automáticamente un beneficio para la población. Hay que analizar cómo se distribuyen esos ingresos y a costa de qué se logran. No es lo mismo el crecimiento que genera una fábrica con cientos de puestos de trabajo y alto impacto industrial, que la rentabilidad de un enclave minero o primario que emplea a diez personas y remite sus utilidades al exterior. Se engrosan los bolsillos de cada vez menos gente falseando el discurso del bienestar general», explica el investigador, que destaca que el proyecto de la Ley de Tierras forma parte de un corpus de reformas mucho más amplio.
El desmantelamiento de la protección ambiental y territorial
Uno de los aspectos más preocupantes que señala Hocsman tiene que ver con el proyecto de fondo detrás de la iniciativa. Ocurre que la flexibilización del mercado de tierras no es una norma aislada, sino una pieza de un engranaje mucho más amplio diseñado para remover cualquier traba ambiental o social al capital extractivo.
«La llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada actúa como una norma de tipo ómnibus que afecta y deroga artículos de varias leyes preexistentes. Tiene un impacto simultáneo en cuatro o cinco frentes clave: modifica la Ley de Extranjerización de Tierras; limita la potencia de la Ley de Expropiaciones, quitándole potestad al Estado para declarar de utilidad pública terrenos necesarios para obras, infraestructura o desarrollo social; flexibiliza la ley de Desalojos; y desarticula la Ley de Manejo del Fuego, que impone restricciones de venta por 30 o 60 años sobre superficies incendiadas para frenar la especulación inmobiliaria y financiera», explica Hocsman, que a su vez destaca que la actual Ley de Tierras (26.737) ya es muy generosa con los extranjeros.
«La ley actual limita hasta un 15% la propiedad en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Cuando se sancionó la norma en 2011, la superficie en manos extranjeras era del 5%, equivalente a 1.300.000 hectáreas. Habilitar hasta el 15% significaba permitir la incorporación de 2.600.000 hectáreas más al capital transnacional. En su momento dije que era un ‘maquillaje legislativo’ porque ampliaba los márgenes en lugar de frenarlos. Pero lo que se pretende hacer ahora es infinitamente más cruento: elevar los límites al 25% o liberar totalmente el mercado implica un despojo atroz para el país«, completa el docente, quien enmarca la embestida oficial en un ecosistema normativo que busca desmantelar décadas de conquistas socioambientales y derechos de las poblaciones originarias.
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Un grupo de reformas coherente
«Este corpus legal se suma de manera profundamente coherente a otras leyes que han sido modificadas o anuladas recientemente, como la flexibilización de la Ley de Glaciares para favorecer a las mineras o el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se conecta directamente con el ahogamiento de la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que fue sancionada en 2006 para frenar los desalojos de comunidades ancestrales que llevaban siglos en posesión precaria de sus territorios», explica antes de finalizar con una nota de esperanza al destacar que el único contrapeso real radica en la toma de conciencia colectiva y en la capacidad de organización comunitaria.
«Quienes somos críticos de este avance privatizador tenemos nuestra esperanza puesta en la movilización, en la resistencia y en la reflexión activa de los sectores populares, de aquellos que no forman parte del capital corporativo. Si depositamos nuestro destino únicamente en lo que defina el voto de los legisladores en el Congreso, corremos el enorme riesgo de que se siga legitimando el despojo. Está en juego la defensa de los territorios que son para la vida, para el arraigo y para la soberanía de las futuras generaciones, frente a un modelo que solo concibe a la tierra como un instrumento para el lucro«, completa Hocsman.