Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad de Nordelta, y Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, se presentaron hoy ante la justicia en el marco de la causa por los presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
De Vicentis se presentó al mediodía en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria por supuesto encubrimiento de Jonathan Kovalivker. Llegó acompañado por su abogado, Guillermo Soares. Según la investigación, De Vicentis habría protegido a Kovalivker mientras los fiscales buscaban secuestrar teléfonos y otros elementos de prueba.
Por su parte, Jonathan Kovalivker se presentó en Comodoro Py, dejó su celular ante la Fiscalía a cargo de Franco Picardi y se retiró sin declarar. La semana pasada, la Policía de la Ciudad había interceptado a Emmanuel Kovalivker con sobres que contenían 200 mil dólares, mientras realizaba un recorrido por Nordelta. En el domicilio de Jonathan se hallaron varias cajas fuertes, una de ellas abierta, que fueron bloqueadas judicialmente por orden del juez Sebastián Casanello.
El abogado Gregorio Dalbón, denunciante de las supuestas coimas, calificó la presentación de Jonathan como “la entrega del prófugo de la familia Kovalivker”. La causa investiga un esquema de pagos ilegales a funcionarios de ANDIS a cambio de contratos con la droguería Suizo Argentina.
En paralelo, el Gobierno salió a cuestionar la validez de los audios que desataron el escándalo. Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, sostuvo que las grabaciones atribuidas al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, “están claramente armadas y compaginadas”, por lo que “constituyen una prueba inválida”. Soto agregó que cualquier actuación judicial basada en esos audios sería “insalvablemente nula”.
Hasta ahora, el presidente Javier Milei evitó pronunciarse sobre el caso, incluyendo su discurso de hoy en la Corporación América. La causa continúa bajo investigación, con la justicia centrada en determinar responsabilidades de los directivos de la droguería y su vinculación con los funcionarios del Estado.
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