La Cámara de Diputados analiza en comisiones un proyecto que busca establecer un mecanismo de “segunda oportunidad” para personas en situación de sobreendeudamiento, ante el crecimiento de las dificultades para afrontar créditos y obligaciones financieras.
La propuesta, impulsada por el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, plantea que quienes mantengan deudas con más de un prestador puedan acceder a un procedimiento judicial simplificado. El objetivo es que un juez evalúe la situación financiera y determine si existieron condiciones abusivas, intereses desproporcionados o irregularidades en la entrega de los créditos.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el impacto del endeudamiento entre los sectores más jóvenes. Según los datos mencionados por el legislador, más del 38% de las personas endeudadas son menores de 25 años. Juliano también marcó una diferencia entre los niveles de mora del sistema bancario y los registrados en el sector fintech: mientras la morosidad bancaria rondaría el 7%, en las empresas financieras tecnológicas podría llegar a triplicarse.
Qué plantea la iniciativa
El proyecto contempla a personas que tengan más de una deuda, independientemente de que los acreedores sean bancos, compañías fintech o emisores de tarjetas de crédito.
Una vez iniciado el procedimiento, el juez podría analizar no solamente el monto adeudado, sino también las condiciones en las que fue otorgado el crédito. Entre otros aspectos, se evaluaría si existió buena fe en la contratación, si los intereses resultaron abusivos y si el prestamista otorgó financiamiento pese a conocer que el deudor no contaba con capacidad suficiente para afrontar los pagos.
La iniciativa toma como referencia mecanismos de segunda oportunidad aplicados en países como España y Alemania, según explicó Juliano.
El legislador remarcó que la propuesta no contempla que el Estado absorba las deudas privadas. “Nuestro proyecto no tiene costo fiscal”, sostuvo, y aclaró que la intención no es trasladar los pasivos de los particulares a organismos públicos.
El foco en el crédito responsable
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que el sobreendeudamiento no puede ser explicado únicamente por una falta de educación financiera.
Para sus impulsores, existe una problemática vinculada con las condiciones bajo las cuales se conceden determinados préstamos, especialmente cuando una persona ya tiene compromisos financieros previos y continúa accediendo a nuevos créditos para cubrir gastos cotidianos o cancelar otras obligaciones.
En ese sentido, el proyecto busca incorporar el concepto de crédito responsable y otorgar herramientas a la Justicia para determinar si las entidades actuaron de manera adecuada al momento de financiar a una persona.
También buscan limitar el hostigamiento por deudas
La propuesta contempla además restricciones frente a determinadas prácticas de cobranza, especialmente aquellas que utilizan canales digitales para presionar a los deudores.
Juliano señaló que recibieron testimonios y capturas de mensajes enviados a familiares de personas endeudadas. Según planteó, algunas de estas situaciones estarían vinculadas con empresas fintech y billeteras virtuales que cuentan con acceso a datos personales.
El proyecto busca, de esta manera, establecer reglas que equiparen las obligaciones de estos actores con las exigencias aplicadas a las entidades bancarias cuando realizan tareas de otorgamiento y cobro de créditos.
Un debate que reúne varios proyectos
La iniciativa se encuentra actualmente en tratamiento en las comisiones de Usuarios y Consumidores y de Finanzas de la Cámara de Diputados. Según Juliano, existen alrededor de 30 proyectos legislativos relacionados con la problemática del sobreendeudamiento.
El diputado afirmó que distintas bancadas mostraron interés en discutir el tema, entre ellas La Libertad Avanza y U-UP, aunque todavía no existe un acuerdo para avanzar con una propuesta definitiva.
Mientras el debate continúa en comisión, los impulsores del proyecto esperan contar con información actualizada del Banco Central para dimensionar el alcance del fenómeno.
El objetivo planteado es evitar que las personas que atraviesan una situación de sobreendeudamiento queden atrapadas durante años en una cadena de créditos, intereses y reclamos, y generar una herramienta que permita revisar judicialmente los casos en los que existan indicios de abuso.
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