La Cámara de Diputados dio hoy un paso clave en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al firmar el dictamen de mayoría que habilita la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones. La decisión se tomó tras un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Asuntos Constitucionales, que había sido emplazado en la sesión pasada para superar el bloqueo del oficialismo. El despacho de mayoría, que reunió 41 firmas, permitirá que el proyecto sea votado en el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre.
El dictamen fue respaldado por diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y Marcela Pagano, del flamante bloque de ex libertarios Desarrollo y Coherencia. Por su parte, la docena de legisladores de La Libertad Avanza y aliados del PRO firmaron el dictamen de rechazo.
El escándalo salió a la luz a partir de la filtración de audios atribuidos al desplazado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. En las conversaciones, el ex funcionario señaló a Karina Milei como destinataria de un 3% de coima por parte de laboratorios que tenían contratos con el organismo. Según Spagnuolo, el dinero habría sido canalizado a través de la Droguería Suizo Argentina, que funcionaba como intermediaria y cuyos representantes recibían el dinero de los laboratorios, en un porcentaje que en algunos casos habría llegado al 8%.
El juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos y el secuestro de celulares y otros elementos electrónicos de Spagnuolo y de los integrantes de la familia Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina. Durante los procedimientos, Emmanuel Kovalivker fue detenido mientras intentaba escapar, encontrándose en su domicilio 266 mil dólares y unos 7 millones de pesos en sobres. Su hermano Jonathan, presidente de la empresa, logró huir, y en su vivienda se hallaron cajas de seguridad vacías. Además, se secuestraron los bienes y el celular de Daniel Garbellini, señalado por Spagnuolo como nexo entre la droguería y ANDIS.
En el plenario, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), subrayó que el objetivo de las interpelaciones es obtener “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”, y lamentó que “los informes escritos hayan quedado siempre sin respuesta” de parte de los funcionarios.
Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria y autora de uno de los proyectos, aclaró que Karina Milei deberá comparecer obligatoriamente. “El artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del artículo 71 de la Constitución Nacional, a citar a los secretarios que consideremos responsables de dar explicaciones. Nadie duda que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra”, señaló.
La interpelación, que apunta a esclarecer las responsabilidades por presuntos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos a laboratorios privados, marca un nuevo capítulo en la investigación judicial y política en torno a la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad y la participación de funcionarios de alto rango en el escándalo.
