Las sesiones ordinarias del Comité de Derechos Humanos culminaron a principios de noviembre sin que el organismo tratara ni emitiera algún dictamen sobre el reclamo que presentaron los abogados de Cristina Fernández de Kirchner para que se revierta la condena en su contra y pueda ser candidata en los comicios del año próximo.
La situación del reclamo
Según informó la periodista Lucía Salinas en Clarín, el reclamo podría ser tratado el año que viene, aunque la defensa de la ex mandataria sostiene que el planteo incluye tres medidas cautelares que podrían ser tratadas en cualquier momento. Allí es donde la ex presidenta deposita sus aspiraciones electorales en medio de la interna que protagoniza con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aunque es evidente que la postergación del tratamiento de su reclamo complica su estrategia para presentarse a las elecciones en 2027.
Por la condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner se encuentra inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Y está condenada a seis años de prisión. Además, fue excluida del padrón electoral. Está presa bajo la modalidad del arresto domiciliario en su departamento de San José 1111.
Claro que, a ese escenario hay sumar dos juicios más, pues la ex mandataria enfrenta actualmente el proceso por el caso Cuadernos y otro por los alquileres de Hotesur y Los Sauces. Si la condenan, las penas se sumarán a las que ya acumula una vez que las mismas sean confirmadas por la Corte Suprema.
Pese a todo, la ex Presidenta inició una serie de acciones en instancia internacional para intentar revertir lo que la máxima autoridad jurídica de nuestro país ya dijo: que es responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La presentación de CFK
Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (órgano creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo) un planteo central donde denuncian una serie de violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en el proceso en su contra y solicitan la adopción de medidas cautelares urgentes.
Esas medidas cautelares buscan restituir el derecho a votar y ser elegida, bajo el argumento de que el proceso penal habría tenido como finalidad última la “proscripción electoral de la expresidenta para impedir futuras candidaturas electorales” y que la pena de inhabilitación perpetua impuesta constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos.
Lo cierto es que la condena a la ex presidenta fue confirmada por la Corte Suprema y según juristas, la decisión del Comite de la ONU no es vinculante ni puede interferir en la Justicia argentina.
Otro de los aspectos que a través de la medida cautelar buscan atacar es el “derecho a un juicio justo”. Los abogados de CFK sostienen que se le imputó una responsabilidad penal por “actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional”, lo que habría privado a la imputada «de una adecuada defensa técnica”.
Los abogados de Cristina Kirchner piden ante la ONU que aparezca un “tribunal competente, independiente e imparcial”. Denuncian una presunta “violación de la garantía del juez natural, la utilización de maniobras de asignación irregular de expedientes (forum shopping) y la existencia de vínculos personales estrechos entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores, configurando tribunales carentes de imparcialidad”.
Hay que aclarar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU a lo sumo puede emitir una sugerencia al Poder Ejecutivo Nacional, pero nunca revertir un fallo del Poder Judicial.
El rol del Comite de DD.HH.
Compuesto por expertos independientes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se encarga de supervisar la aplicación y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados que lo han ratificado.
Una vez ingresado el planteo, el Comité no emite un dictamen inmediato ni trata el fondo del asunto en la sesión inmediata. El procedimiento exige dar traslado al Estado denunciado para que presente sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, otorgándole a la defensa la oportunidad de responder, un trámite que suele demorar entre dos y tres años.
Según la información oficial, el período de sesiones ordinarias de otoño del Comité de Derechos Humanos (CCPR) concluyó sus actividades formales a principios de noviembre. Con el cierre de esta tercera y última sesión del calendario anual, se reanudarán el próximo período ordinario de sesiones, previsto para el primer trimestre del próximo año.
