La Cámara de Diputados comenzará la próxima semana el debate sobre el proyecto del Ejecutivo que propone facilitar la incorporación de dólares no declarados a la economía formal. La iniciativa, conocida como “Principio de Inocencia Fiscal”, será tratada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal.
El proyecto ingresó formalmente el jueves pasado y se espera que su debate se extienda al menos hasta finales de junio o los primeros días de julio, según confirmaron fuentes parlamentarias. El oficialismo deberá tejer alianzas con bloques opositores dialoguistas para lograr mayoría en comisiones y avanzar con el dictamen favorable.
El tratamiento en la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, aparece como el mayor desafío. De los 49 integrantes, Unión por la Patria (UxP) controla 21 bancas y la izquierda una, mientras que La Libertad Avanza (LLA) apenas cuenta con seis legisladores. Para avanzar, el oficialismo necesita sumar al menos a representantes del PRO, UCR, MID, Innovación Federal y Encuentro Federal.
En cambio, las comisiones de Legislación General y Legislación Penal, con 31 miembros cada una, serían más accesibles para el oficialismo, que cuenta con apoyos potenciales del PRO, el MID y sectores disidentes del radicalismo.
El proyecto contempla elevar de $1,5 millones a $100 millones el piso a partir del cual se investigará una posible evasión simple. Para los casos de evasión agravada, ese umbral subirá de $15 millones a $1.000 millones. Además, se reducirá de cinco a tres años el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El mismo permitirá a los contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones adherirse a un esquema sin obligación de justificar aumentos patrimoniales ni consumos. Según el Gobierno, este régimen «blindará de por vida» a quienes se sumen, limitando el control estatal únicamente a lo efectivamente facturado.
La propuesta generó reacciones mixtas en el Congreso. Mientras el oficialismo defiende la medida como una vía para incentivar la formalización de capitales y reducir la evasión, desde la oposición se cuestionan los beneficios que podría implicar para quienes mantuvieron activos ocultos.
Con una agenda legislativa cargada y divisiones internas en algunos bloques, el éxito de esta propuesta dependerá del equilibrio político que logre el Gobierno en las próximas semanas.
