El Congreso Nacional comenzará este miércoles el proceso de designación de las autoridades de la Defensoría del Pueblo, un organismo que permanece acéfalo desde hace más de 15 años. La medida se da tras el exhorto de la Corte Suprema, que a fines de agosto instó al Poder Legislativo a cumplir con su obligación constitucional.
La Defensoría del Pueblo, creada en 1993 y elevada a rango constitucional con la reforma de 1994, es un organismo independiente encargado de promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Además, es la única institución nacional de derechos humanos reconocida por la ONU en la Argentina.
El Defensor del Pueblo es designado y removido por el Congreso, con el voto de dos tercios de los legisladores presentes en cada Cámara, y su mandato es de cinco años.
El último en ocupar el cargo fue el peronista Eduardo Mondino, que se desempeñó entre 1999 y 2009. Antes de él, la institución estuvo a cargo de Jorge Luis Maiorano, designado en los años noventa.
La falta de conducción en la Defensoría viene siendo señalada por organizaciones civiles y organismos internacionales como una debilidad institucional grave, dado que limita la capacidad de supervisar políticas públicas y canalizar reclamos ciudadanos.
Con el inicio del proceso de designación, el Congreso buscará dar cumplimiento a un mandato largamente postergado, que marcará el futuro de un organismo clave en el control y la defensa de los derechos de la ciudadanía.
