El Gobierno nacional mantiene la expectativa de lograr la sanción de la reforma laboral, uno de los principales objetivos legislativos del presidente Javier Milei. El oficialismo considera que cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto, que será tratado entre el 10 y el 11 de febrero.
Desde la Casa Rosada aseguran que, en principio, no se prevén modificaciones en el articulado, aunque no descartan aceptar cambios puntuales siempre que no alteren el espíritu de la iniciativa.
La mesa política del oficialismo avanzó en el despliegue de una estrategia legislativa. En el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsó la conformación de una comisión de trabajo encabezada por la abogada laboralista Josefina Tajes, orientada a receptar sugerencias de los sectores involucrados. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre las provincias para sumar apoyos, aunque desde el Ejecutivo descartan otorgar compensaciones fiscales adicionales a los gobernadores.
Desde el oficialismo, el senador Juan Cruz Godoy afirmó que la reforma laboral “va a salir con un gran consenso” y sostuvo que gran parte del proyecto ya contaba con aval previo, quedando pendiente su tratamiento tras la aprobación del Presupuesto. Además, remarcó que el primer objetivo es sostener el equilibrio fiscal, al que el Gobierno considera una condición necesaria para reducir la inflación y generar previsibilidad, y advirtió que los incentivos al empleo formal se implementarán, ya sea a través de esta ley o de futuras iniciativas.
En el Ejecutivo también sostienen que la iniciativa busca dar respuesta al crecimiento del empleo informal, que compromete a largo plazo el acceso de millones de trabajadores a derechos previsionales y cobertura social, y consideran que la reforma establece un marco más flexible para favorecer nuevas contrataciones.
El rechazo sindical y llamado a movilización
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y llamó a enfrentar la iniciativa con paro y movilización. En un comunicado, sostuvo que se trata de una “contrarreforma laboral” que debe caer en su totalidad y advirtió que no alcanza con modificar algunos artículos.
Según afirmó, el texto fue redactado por estudios jurídicos de grandes empresas y podría derivar en mayor precarización, explotación y pérdida de derechos tanto en el sector público como en el privado. Aguiar responsabilizó a la política económica por la destrucción de puestos formales. En la misma línea, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, advirtió que crece la percepción de que la reforma es inconstitucional y profundiza la precariedad laboral, y reclamó a los legisladores que no acompañen un cambio que, según señaló, agravará la situación económica y social.
