El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) solicitó este martes al Congreso Nacional la derogación del decreto presidencial que dispuso la disolución de Vialidad Nacional y otros organismos vinculados al tránsito y la seguridad vial, luego de que la Justicia suspendiera temporalmente la medida.
A través de una nota dirigida al diputado Oscar Zago, presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el gremio que lidera Graciela Aleñá pidió que se trate y rechace formalmente el Decreto 461/25, que también afecta a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
“El decreto se basa en informes apócrifos del Ministerio de Desregulación y no especifica qué organismos asumirán las tareas que hoy desempeña la Dirección Nacional de Vialidad”, advirtió el sindicato en su presentación. También señalaron que el texto se limita a definir cuestiones administrativas como la vigilancia de seguridad vial, la creación de una agencia para controlar concesiones y el traspaso de bienes muebles e inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sin resolver cómo se garantizarán las funciones operativas esenciales.
El gremio denunció que, lejos de ser una medida para optimizar el Estado, “la eliminación de la DNV implicaría un severo perjuicio para el desarrollo de infraestructura, afectaría la cohesión territorial del país y atentaría contra la noción misma de soberanía”.
Cabe recordar que el pasado 17 de julio, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 resolvió suspender la aplicación del decreto mediante una medida cautelar, aunque el Gobierno ya anticipó que apelará el fallo.
La Comisión Bicameral que recibió el reclamo tiene la potestad de analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo, y puede proponer su derogación si ambas cámaras legislativas lo rechazan.
La solicitud del sindicato suma presión sobre el Congreso en medio de un debate creciente sobre la reducción del Estado impulsada por la administración de Javier Milei, y pone nuevamente en discusión el rol estratégico de Vialidad Nacional en la planificación y ejecución de obras públicas en todo el país.
