La fiscal federal Paloma Ochoa presentó un escrito ante la jueza María Eugenia Capuchetti para solicitar la apertura de una investigación penal centrada en el eventual uso indebido de bienes y fondos del Estado nacional. El planteo busca determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo intervinieron en el operativo que permitió el ingreso, la permanencia y la posterior salida del senador brasileño hacia Estados Unidos a través de Puerto Iguazú.
La presentación representa un avance en el expediente originado por una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Gobierno por presunto encubrimiento y malversación de caudales públicos. Por el momento, la fiscalía no formuló imputaciones directas contra funcionarios específicos y aboca sus esfuerzos a la recolección de pruebas.
El itinerario de la huida y las causas en Brasil
De acuerdo con los registros incorporados al expediente, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre a las 22.50 junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. La familia cruzó por vía terrestre a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. A las 23.30 abordaron en el aeropuerto internacional un avión privado de la empresa Baires Fly que despegó de madrugada hacia Guayaquil (Ecuador) como escala previa a su destino final en Miami.
La salida de Brasil ocurrió luego de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero e irregularidades financieras ligadas al financiamiento de la película Dark Horse.
Actuaciones en Misiones y denuncias paralelas
El paso del dirigente brasileño motivó diversas acciones judiciales. El diputado Esteban Paulón impulsó una presentación que recayó inicialmente en el juzgado de Daniel Rafecas, mientras que la diputada Marcela Pagano radicó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú.
En la jurisdicción de Misiones, el fiscal federal Fabián Martínez solicitó peritajes y registros de seguridad, pero la causa terminó siendo desestimada tras verificar que la familia ingresó con documentación válida y no registraba órdenes de captura de Interpol. Sin embargo, dicha resolución archivó únicamente el tramo migratorio, manteniendo abierta la causa en Comodoro Py sobre el posible uso de recursos del Estado.
La postura del Poder Ejecutivo
Desde el Gobierno nacional rechazaron cualquier tipo de colaboración irregular o maniobra logística. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio y remarcó que el senador ingresó cumpliendo todos los requisitos formales. Asimismo, las autoridades precisaron que no existían alertas ni requerimientos internacionales que obligaran a las fuerzas de seguridad argentinas a retener o impedir la circulación del dirigente.
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