En medio del discurso de austeridad que sostiene el gobierno de Javier Milei, un nuevo escándalo sacude a la Cancillería argentina. Una comitiva integrada por cinco altos funcionarios viajó a la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves para participar de la “Semana de la Agricultura del Caribe”, un evento de baja relevancia internacional, con gastos que contrastan fuertemente con el mensaje de ajuste que promueve la administración libertaria.
El grupo estuvo encabezado por Fernando Brun, vicecanciller y segundo del ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein, quien viajó en clase business, con un pasaje de alrededor de US$10.000, y se hospedó junto a su equipo en el St. Kitts Marriott Beach Resort, un hotel de lujo donde la noche cuesta hasta 600 dólares.
Según reveló una investigación del diario La Nación y confirmó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el viaje se realizó entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, e incluyó también al director Nacional de Cooperación Internacional, Mateo Estreme; al embajador en Barbados, Ciro Ciliberto; al director de Integración Económica, Marcos Stancanelli, y al subsecretario de Agricultura, Manuel Chiappe. Cada uno percibió además viáticos diarios superiores a los US$350.
Desde el Palacio San Martín, fuentes oficiales defendieron la misión argumentando que el objetivo fue “reforzar vínculos políticos con los Estados del Caribe” y “sumar apoyos internacionales a la causa Malvinas”, asegurando que se concretaron “una docena de reuniones bilaterales”.
Sin embargo, la explicación no logró acallar las críticas. Voces dentro de la propia Cancillería calificaron la participación argentina como “una aventura diplomática innecesaria”. “No hay antecedentes de una comitiva tan numerosa para un evento de tercer orden”, señaló un diplomático, que además cuestionó la presencia de un funcionario del rango de Brun en una cumbre a la que no asistieron países de peso como Brasil o México.
El hecho toma mayor dimensión porque San Cristóbal y Nieves, un pequeño Estado insular de apenas 50 mil habitantes, es considerado un paraíso fiscal, y el intercambio comercial con la Argentina es prácticamente inexistente.
La polémica llega en un momento sensible para el Gobierno, que intenta consolidar su narrativa de disciplina fiscal y reducción del gasto público. En contraste, el episodio del “viaje al Caribe” se convirtió en un flanco incómodo para la gestión libertaria, que deberá dar explicaciones sobre el uso de fondos públicos en medio del ajuste.
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