Consumada la primera quincena de enero, y en paralelo a la agenda internacional y federal del presidente Javier Milei, el oficialismo avanzó en el blindaje del cronograma del Senado para intentar aprobar la ley de reforma laboral durante la primera quincena de febrero. La Cámara alta evalúa sesionar entre el martes 10 y el jueves 12, una vez finalizada la revisión del dictamen.
Para eso, el Poder Ejecutivo deberá convocar a un nuevo período de sesiones extraordinarias, que podría extenderse desde el lunes 2 de febrero hasta fin de mes. El 1° de marzo, Milei asistirá al Congreso para inaugurar el período ordinario.
Comisión técnica y diálogo político
Desde esta semana funcionará una comisión técnica que reunirá los pedidos de modificación presentados por la oposición dialoguista y por la Confederación General del Trabajo, central sindical. El espacio está coordinado por la abogada Josefina Tajes.
A partir del 26 de enero, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, iniciará reuniones individuales con legisladores de otros bloques. El oficialismo cuenta con 21 senadores y necesita 37 para habilitar el recinto, por lo que busca apoyos en la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales.
Gobernadores y compensaciones en debate
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una reunión de mesa política junto al ministro del Interior, Diego Santilli; Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y referentes del armado territorial.
Uno de los principales puntos de tensión es la modificación del Impuesto a las Ganancias, por su impacto en la recaudación coparticipable. En la Casa Rosada se evalúan compensaciones puntuales para sumar respaldos, aunque conviven posturas internas contrapuestas sobre la conveniencia de ceder.
El Código Penal, para marzo
La definición de prioridades dejó fuera del temario inmediato a la reforma del Código Penal, que sería tratada a partir de marzo. El Gobierno resolvió concentrar febrero en la reforma laboral, ante la falta de consensos y de una redacción definitiva del proyecto penal.
De este modo, el Ejecutivo apuesta a cerrar el verano con una victoria legislativa clave y reordenar el resto de la agenda estructural para el inicio formal del año parlamentario.
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