La promesa del presidente Javier Milei de convertir 2026 en “el año más reformista de la historia” quedó lejos de cumplirse, según el balance de la actividad parlamentaria hasta mediados de octubre. A 232 días de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno reconoce que distintos acontecimientos alteraron sus planes y demoraron el tratamiento de varias iniciativas centrales.
Durante su discurso del 1° de marzo, el mandatario había anunciado el envío de nueve paquetes de reformas que incluirían diez proyectos. La expectativa oficial era profundizar la agenda de cambios, en línea con los avances conseguidos durante las sesiones extraordinarias, cuando el oficialismo logró aprobar la reforma laboral.
Sin embargo, a medida que se acerca el cierre del período ordinario, varias de las propuestas todavía no llegaron a debatirse. Entre ellas se encuentran el Presupuesto 2027, la reforma electoral y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.
El caso Adorni y la parálisis legislativa
Desde la Casa Rosada sostienen que una sucesión de acontecimientos imprevistos afectó el cronograma parlamentario. Entre los principales factores mencionan la controversia en torno al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Según fuentes del Gobierno citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el episodio consumió cerca de tres meses de actividad política y obligó al oficialismo a manejar con cautela sus movimientos en el Congreso.
La salida del funcionario abrió una nueva etapa para el Ejecutivo, que ahora intenta recuperar el ritmo legislativo y reactivar las conversaciones con los bloques aliados. La situación, sin embargo, continúa condicionada por la falta de mayoría propia de La Libertad Avanza tanto en Diputados como en el Senado.
Esta debilidad parlamentaria obliga al oficialismo a negociar apoyos para aprobar sus proyectos y, al mismo tiempo, a trabajar en la construcción de alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Las diferencias internas por los acuerdos políticos
Otro de los desafíos del Gobierno pasa por definir cómo y cuándo avanzar en las negociaciones con los gobernadores aliados. En la mesa política de la administración nacional existen diferencias respecto de los plazos y las condiciones para cerrar esos entendimientos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa una aceleración de las conversaciones para fortalecer el respaldo político al programa económico y darle mayor previsibilidad. En cambio, el sector vinculado a Martín y Eduardo “Lule” Menem mantiene una postura más flexible respecto de los tiempos para alcanzar acuerdos.
De acuerdo con el panorama descripto por fuentes oficiales, esta última posición parece prevalecer por el momento, aunque las discusiones internas continúan abiertas.
La proximidad de las elecciones también representa un obstáculo para las negociaciones parlamentarias. Desde el bloque libertario en el Senado advierten que los intereses electorales comienzan a pesar cada vez más en las decisiones de los legisladores, lo que dificulta reunir consensos para avanzar con determinadas iniciativas.
Los fallos judiciales también modificaron las prioridades
A las dificultades políticas se sumaron las decisiones de la Corte Suprema que volvieron a poner en discusión el alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las principales herramientas utilizadas por Milei para impulsar su programa de reformas.
Desde el entorno de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, señalaron que esos fallos obligaron al oficialismo a retomar discusiones que consideraba encaminadas y a revisar parte de su estrategia legislativa.
En el Gobierno sostienen que estos episodios modificaron las prioridades y consumieron tiempo que estaba destinado al tratamiento de otros proyectos.
El Gobierno busca recuperar la iniciativa antes de 2027
Con aproximadamente un mes y medio restante del período ordinario de sesiones, el Poder Ejecutivo enfrenta el desafío de acelerar las conversaciones parlamentarias y conseguir los respaldos necesarios para avanzar con su agenda.
El objetivo es llegar a las elecciones presidenciales de 2027 con un programa legislativo más ordenado y acuerdos políticos que permitan sostener las principales iniciativas del oficialismo.
No obstante, el tiempo disponible, la falta de una mayoría propia y las diferencias en torno a las alianzas mantienen abiertas las dudas sobre cuántas de las reformas anunciadas podrán concretarse antes de que termine el año.
Así, la promesa de un 2026 marcado por una transformación legislativa profunda enfrenta su tramo final con varios proyectos pendientes y un Gobierno que atribuye las demoras tanto a factores imprevistos como a las dificultades para construir consensos en el Congreso.
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