El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado este jueves por presunto lavado de dinero por decisión del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. La resolución también establece la prohibición de salir del país y un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.
La decisión judicial representa un nuevo avance en la causa, que busca determinar el origen de los fondos y las circunstancias en las que se realizó la operación. La investigación apunta a establecer si el dinero recibido por el exlegislador tuvo una justificación legítima o si estuvo relacionado con maniobras de lavado de activos.
La información fue difundida por distintos medios de comunicación y también por el periodista Rodrigo Alegre, de TN y Telenoche, a través de su cuenta personal en redes sociales.
JOSE LUIS ESPERT. Procesaron al ex diputado José Luis Espert por lavado de activos. Le trabaron un embargo de 1000 millones y prohíben su salida del país. También dispusieron el procesamiento de su contador. Lo dispuso la Justicia Federal de San Isidro.
— Rodrigo Alegre (@rodrialegre) October 22, 2026
La causa por los US$ 200.000
La investigación está centrada en una transferencia de US$ 200.000 que Espert recibió en el marco de un vínculo comercial con una empresa guatemalteca relacionada con Federico “Fred” Machado, empresario investigado por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos en Estados Unidos. La Justicia busca determinar si el pago respondió a servicios profesionales reales o si se utilizó para encubrir fondos de origen ilícito.
En la misma resolución, el juez federal Lino Mirabelli también procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino como presunto partícipe necesario del lavado de activos, con un embargo de $700 millones. Además, dispuso el procesamiento de la sociedad familiar Varianza SA, con un embargo de $500 millones.
Espert, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo ante la Justicia que el dinero correspondió a un contrato de consultoría legítimo. La defensa presentó documentación para respaldar su versión y pidió que se evalúen las pruebas incorporadas al expediente.
El procesamiento no equivale a una condena, pero implica que el magistrado considera que existen elementos suficientes para que la causa penal continúe. La decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín.
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