El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, intimó formalmente hoy al Gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades públicas en el marco del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida tiene lugar en medio de una nueva jornada de protestas de las universidades públicas, que realizaron un paro nacional de 24 horas en reclamo del cumplimiento de la norma y la actualización de haberes y los gastos de financiamiento de las casas de estudio, en un plan de lucha nacional que se encamina a la quinta marcha federal para el 15 de octubre.
El fallo de Cormick
El magistrado entendió que la gestión de Javier Milei no acató la medida cautelar vigente que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada a fines del año pasado en el Congreso de la Nación y ratificada en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.
La Ley 27.795 establece una actualización automática de los salarios docentes y no docentes, así como también de las becas para estudiantes, por el índice oficial de la inflación tomando como base diciembre de 2023. Los gremios denuncian que el Gobierno de Milei lleva más de 320 días sin cumplir la ley y que lleva acumulado un retraso salarial del 33,4% para docentes y no-docentes, deuda que equivaldría a cuatro sueldos mensuales.
En este contexto, el juez Cormick intimó al Gobierno a cumplir la norma y estableció un plazo máximo de cinco días para que actualice los salarios del personal docente y no docente de las casas de altos estudios y disponga una suba en el presupuesto destinado a las becas.
Cormick advirtió que, si el Ejecutivo continúa sin acatar la normativa, colocarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial debe ser del 33,4%.
Los antecedentes del caso
Hace unas semanas, el juez había rechazado una solicitud de la administración libertaria que pedía levantar la medida cautelar que ordenaba cumplir la Ley 27.795, al sostener que el acuerdo firmado en junio con las universidades y los gremios no era suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes se había solucionado.
Al mismo tiempo, intimó al Estado a puntualizar y documentar, en un tiempo de tres días desde su notificación, el nivel de cumplimiento de la norma al que se había llegado. Hoy el magistrado resolvió que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no alcanza para acreditar que la medida cautelar haya sido cumplida, puesto que los sueldos mantienen un retraso de más del 30% respecto a la inflación acumulada desde 2023.
Pronunciamientos políticos
Desde la política, el diputado Esteban Paulon recordó en su cuenta de X: “Hace UN AÑO exigimos el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Denuncié en la justicia a Milei, Francos, Torrendel, Adorni, Álvarez y Santilli por incumplimiento de deberes de funcionario público” y “¡Siguen sin cumplir! Hoy la justicia pone un poco de racionalidad en este debate”.
En la misma línea, el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, subrayó: “Otro paro más en la UNR. Otra semana en la que docentes y no docentes tienen que reclamar por salarios básicos y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”. “Quieren desgastar la educación pública, lo nacional, lo que es de todos y todas. Pero vamos a seguir defendiendo una universidad que forma, investiga y abre oportunidades”, completó.
La palabra de la comunidad universitaria
Desde el ámbito educativo, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), resaltó que “es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme. Estábamos esperando esta resolución”.
Por lo tanto, “esperamos que el Gobierno nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”.
A su vez, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, fue directo al caracterizar la situación: “No podemos normalizar que un Gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”, declaró.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también tomó posición. Su secretario general, Daniel Ricci, afirmó que “seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.
Como punto de confluencia del plan de lucha, en caso de no recibir respuestas favorables del Ejecutivo, el 15 de octubre se realizará en todas las capitales la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, la segunda en lo que va del año.
Universidades del país paran y convocan a una nueva Marcha Federal
