La ley de prevención de la ludopatía atraviesa un momento decisivo en el Congreso. A dos años de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto permanece paralizado en el Senado y corre riesgo de perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre, si no consigue ser tratado antes de esa fecha.
La iniciativa, identificada como expediente CD-26/24, fue aprobada por Diputados en noviembre de 2024, pero desde entonces no logró avanzar en la Cámara alta. Según la reconstrucción de la Agencia Noticias Argentinas, el texto quedó detenido en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, que no convocaron a reuniones para emitir dictamen.
Las tres comisiones están presididas por senadores de La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita. La falta de tratamiento mantiene bloqueada una discusión que involucra tanto la prevención de las apuestas compulsivas como los intereses económicos de una industria en expansión.
El oficialismo ya había rechazado la iniciativa en Diputados y, posteriormente, consiguió mantenerla fuera de la agenda legislativa con el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y también del peronismo. Desde el Gobierno consideran que las restricciones propuestas afectan las libertades comerciales, la publicidad privada y las competencias de las provincias.
En cambio, desde la oposición advierten sobre la influencia de las principales empresas de apuestas deportivas y casinos virtuales, que tendrían interés en evitar una regulación que modifique sus actuales mecanismos de captación de usuarios.
Un negocio millonario detrás de la discusión
La resistencia al proyecto también se explica por la dimensión económica del sector. El juego online mueve en Argentina al menos 2.500 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de Cenital elaboradas sobre datos de la AFIP. Otras proyecciones privadas calculan que el volumen de actividad rondará los 1.800 millones de dólares durante este año.
En la provincia de Buenos Aires, el negocio también alcanza cifras significativas. Un relevamiento del legislador Facundo Tignanelli indicó que los siete principales casinos online registraron ganancias mensuales por 1.656 millones de dólares.
Entre las empresas que participan de este mercado aparecen Betano, Betsson, Codere, BetWarrior, Bplay, bet365 y Stake, entre otras plataformas que compiten por atraer usuarios mediante campañas publicitarias, promociones y acuerdos comerciales.
Precisamente, uno de los principales objetivos de la ley es prohibir la publicidad, los patrocinios deportivos y los bonos de bienvenida. Se trata de tres herramientas centrales para el crecimiento de las operadoras, que utilizan la televisión, las redes sociales y las figuras públicas e influencers para ampliar su alcance.
El fútbol, uno de los sectores alcanzados
El impacto de una eventual regulación también llegaría al deporte profesional, especialmente al fútbol, donde las empresas de apuestas consolidaron una fuerte presencia comercial.
Betsson, por ejemplo, paga 7,5 millones de dólares anuales por el patrocinio de la camiseta de Boca Juniors, acuerdo vigente hasta 2028. Betano fue patrocinador principal de la Liga Profesional y mantiene vínculos comerciales con River Plate, mientras que BetWarrior llegó a ser sponsor oficial de la Selección argentina.
La prohibición de los patrocinios obligaría a revisar este tipo de acuerdos y modificaría una fuente de financiamiento que adquirió relevancia para clubes y competencias deportivas.
Sin embargo, el Estado también tiene intereses económicos vinculados con la actividad. El impuesto indirecto aplicado a las apuestas online recaudó 106.601 millones de pesos durante los primeros ocho meses del año. En julio, en coincidencia con el Mundial, se registró un récord de 17.798 millones de pesos, un 35,5% más que en el mismo período de 2025.
Esta participación fiscal agrega otro componente a la discusión, ya que los ingresos provenientes del sector representan recursos para las arcas públicas. En ese sentido, un editorial de La Nación señaló que los Estados suelen beneficiarse económicamente de esta actividad y que sus ingresos también pueden alcanzar a distintos sectores de la política.
Reclamos sociales y presión para reabrir el debate
Frente a la falta de avances legislativos, distintas organizaciones comenzaron a reclamar que el Senado retome el tratamiento. Las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) cuestionaron las demoras y advirtieron que cada jornada sin debate permite sostener las ganancias de grandes grupos empresarios a costa de las consecuencias sociales que genera el juego problemático.
La Iglesia también intervino en la discusión. Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina comenzaron a recorrer los despachos de los senadores para impulsar el tratamiento de la iniciativa y promover medidas de prevención frente al crecimiento de las apuestas, especialmente entre los sectores más vulnerables.
A su vez, el sector vinculado a Patricia Bullrich analiza la posibilidad de presentar un proyecto propio, en un intento por reactivar una discusión que permanece estancada.
Por ahora, sin embargo, el panorama legislativo no resulta favorable. Con el vencimiento parlamentario cada vez más cerca, la iniciativa enfrenta una carrera contra el tiempo para conseguir los acuerdos necesarios y llegar al recinto.
Si el Senado no la trata antes del 30 de noviembre, el proyecto perderá estado parlamentario y deberá comenzar nuevamente su recorrido legislativo. Así, una discusión que combina salud pública, intereses empresariales, publicidad y recaudación fiscal podría quedar nuevamente postergada.
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