En un nuevo avance de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.
El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni. La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandío. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, se intentaba establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.
Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral.
La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandío, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.
