La Cámara de Diputados aprobó hoy con una abrumadora mayoría la nueva ley sobre protección social de la Discapacidad, en el marco de negociaciones que permitieron sumar al peronismo a un acuerdo con La Libertad Avanza y bloques dialoguistas.
De esta manera, se alcanzó la media sanción con 237 votos positivos, 9 negativos y cuatro abstenciones, y la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.
El dictamen de mayoría, denominado «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.
Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027.
Los discursos
El miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y aseguró que «la discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas».
«Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo», apuntó.
Según dijo, «la discusión debería centrarse en cómo construir un sistema transparente y accesible, con controles y con los derechos garantizados para quienes corresponda».
«Ha llegado el momento de dejar de administrar esa deuda con las personas con discapacidad y empezar a construir soluciones permanentes. Estamos trabajando para dejar un sistema más ordenado, con reglas claras y mayor previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores», señaló.
El tucumano libertario expresó que «lo que debería preguntarse la política es si podemos seguir legislando emergencias una tras otra, en lugar de pensar políticas permanentes».
«Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencias permanentes ni depender de prórrogas o de decisiones políticas cada vez que quieran ejercer sus derechos», insistió.
Y agregó que «este dictamen de mayoría supera esa lógica» ya que «la propuesta es transformar los mecanismos de la ley de emergencia en respuestas permanentes».
Puso como ejemplos el financiamiento específico, la continuidad de las prestaciones, la actualización del nomenclador por el IPC y la compatibilidad de las pensiones con el trabajo formal y las compensaciones a los prestadores por los atrasos en los pagos.
«Son herramientas concretas que generan previsibilidad, garantizan derechos y brindan tranquilidad a las personas con discapacidad y a sus familias. Esto también es libertad. No se trata de dejar a una persona sola frente a sus dificultades, sino de brindarle herramientas», cerró.
A su turno, Juan Marino confirmó que Unión por la Patria aceptaba adherir al proyecto que el oficialismo había cerrado con Herrera Ahuad, ya que no estaban los votos para pelear por la prórroga de la emergencia y mal que mal, el dictamen de mayoría daba respuesta a la gran mayoría de las demandas de las organizaciones de y para personas con discapacidad.
«Hoy nos levantamos y empezamos a conversar entre diputados y diputadas. Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia. Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones», relató el diputado opositor acerca del giro brusco en la postura de Unión por la Patria.
Una de las mejoras incorporadas al proyecto que Marino puso en valor es el plazo de 160 días para que aquellas personas con pensiones por discapacidad que en una auditoría sean observadas por inconsistencias en alguno de los requisitos puedan realizar su descargo antes de que se les suspenda el beneficio.
Durante su exposición, el legislador de UxP ponderó la lucha del colectivo de discapacidad que «logró, en su momento, la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad» y luego voltear el veto, además de «obtener fallos judiciales que obligaron al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir la ley».
«Al día de hoy, las organizaciones siguen luchando para que Milei cumpla la ley», e identificó el incumplimiento de la ley como la causa principal de la «situación crítica» del sector.
También recordó que en el proyecto de Presupuesto 2027 original, los ministros Diego Santilli y Luis Caputo planteaban «eliminar el nomenclador y la cobertura de salud», lo que representaba «un ataque en toda la línea a los derechos de las personas con discapacidad».
«Acá hay un problema de fondo: ninguna ley va a superar la situación de emergencia. Para que se supere, Milei tiene que cumplir la ley, porque lo que ratificamos en esta norma ya está contemplado en la Ley de Emergencia», enfatizó.
Precisó que «hay 324.303 personas que esperan que el Poder Ejecutivo resuelva su pedido de pensión y no tienen respuesta» y que «solo a 8.000 les dieron el alta».
«Tienen que cumplir la ley para que se supere la emergencia. También se tiene que actualizar el nomenclador de las prestaciones. El presupuesto incluye un recorte del 13,9 % para Incluir Salud. Eso no puede ser así. Los centros de día están cerrando porque no están haciendo los estudios de costos que establece la Ley de Emergencia», advirtió Marino.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) destacó que se logró que en el dictamen de mayoría se garantice la cobertura médica del Incluir Salud no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral.
Otro cambio que marcó como positivo fue la compatibilidad entre la titularidad de pensiones por discapacidad y el goce de asignaciones familiares.
«Desde la oposición escuchamos a las organizaciones, articulamos entre distintos bloques y logramos corregir un dictamen que estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales», subrayó la ex ministra de Desarrollo Social.
Según indicó, «cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad».
«La votación es un paso fundamental. Ahora vamos a seguir peleando para garantizar el presupuesto y que cada uno de estos derechos se cumpla. Porque ninguna ley sirve si después el Gobierno no la aplica», remató Tolosa Paz.
La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá anticipó que esa bancada no apoyará con el voto el proyecto sobre Discapacidad acordado entre el oficialismo, Unión por la Patria y otras fuerzas parlamentarias.
«Nosotros no vamos a acompañar este dictamen que han negociado porque no creemos en esta concordia y en esta concertación», argumentó la legisladora del Partido Obrero.
«Hay quienes dicen ojalá que el Gobierno cumpla la ley. Yo no creo en los reyes magos. Seguramente algunas cosas va a cumplir y otras no», advirtió la diputada opositora.
Según dijo, «hay cosas que se están acomodando en el marco de la visita del Papa pero sabemos que la Iglesia no va a resolver las cosas».
En tanto, la diputada nacional de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota ratificó que no acompañará con el voto el proyecto sobre Discapacidad negociado entre el oficialismo y Argentina Federal y al que se sumó Unión por la Patria tras la aplicación de una serie de cambios al texto.
«Como no hay garantia de que el presupuesto sea modificado y lo que ha habido estos años es maltrato y ajute pido que el proyecto vuelva a comisiones y le permita a organizaciones con discapacidad ser parte de esta discusión», reclamó la legisladora opositora.
De la Sota explicó que las organizaciones de y para personas con Discapacidad de Córdoba le pidieron avanzar con la prórroga de la ley de emergencia.
Al intervenir en la Cámara baja, cuestionó a quienes desde la oposición justificaron su apoyo al proyecto del oficialismo al sostener que se trata de la ley posible ante la falta de votos para sostener la prórroga de la emergencia.
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) valoró el acuerdo en Diputados pero reclamó «garantizar lo más rápido posible la sanción definitiva en el Senado de la Nación y sin ningún tipo de especulación».
«Yo voy a acompañar el dictamen con las modificaciones por el excelente trabajo que hizo el diputado Herrera Ahuad, y todo lo que pudieron aportar las diversas organizaciones y familias de personas con discapacidad. Pero desde lo personal no les creo nada. No les creo nada porque no han tenido en todo este tiempo ni la mínima ternura, ni la mínima intención de ponerse en el lugar del otro”, expresó.
“Que estemos sentados acá, no es por la sensibilidad del presidente de la nación ni de muchos de los funcionarios de este gobierno. Durante estos 3 años, no tuvieron la mínima voluntad de darle una respuesta a las personas con discapacidad”, recriminó.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó el trabajo conjunto si bien calificó la ley de discapacidad como «perfectible».
«El 75% de la ley de emergencia está contenido en este proyecto. Así que dejen de bardear la ley de emergneica porque fue un insumo fundamental para esto que estamos discutiendo hoy», enfatizó el santafesino.
«Me parece que hoy estamos haciendo una buena tarea y ojalá lo podamos honrar hoy y en el debate del presupuesto», concluyó.
Por último, la oficialista Laura Rodríguez Machado (LLA) rescató «las coincidencias» encontradas entre los bloques y afirmó que entre todos estaban «haciendo un poco de historia».
La cordobesa valoró «el inmenso esfuerzo» que hizo Herrera Ahuad para unir a bancadas que tenían «desconfianzas» entre sí.
«Nosotros somos los que definimos lo que va a pasar con el presupeusto en esta cámara. ¿O a ustedes alguien les indica cómo tienen que votar?» Nosotros somos los responsables de lo que salga en el Presupuesto», dijo para transmitir tranquilidad a quienes dudan respecto de la correción de los capítulos del Presupuesto vinculados a la discapacidad.
