El Gobierno nacional intensifica las negociaciones con los bloques dialoguistas del Senado para garantizar la realización de una sesión el próximo jueves 4 de junio, en la que pretende avanzar con un paquete de iniciativas consideradas prioritarias.

Entre ellas figuran la aprobación de acuerdos para cancelar litigios con fondos buitre, una reforma vinculada a la propiedad privada y el tratamiento de decenas de pliegos judiciales.

Sin embargo, el escenario político se complicó tras la decisión del oficialismo de retirar la candidatura de la jueza Verónica Michelli, una medida que generó fuertes cuestionamientos entre sectores aliados y abrió una nueva disputa dentro de la Cámara alta.

La polémica por Michelli complica los acuerdos

Hasta mediados de la semana pasada, el oficialismo daba por descontado el respaldo necesario para aprobar alrededor de 70 designaciones judiciales. No obstante, el rechazo que provocó la decisión de frenar la postulación de Michelli alteró el clima de consenso que existía con bloques como el PRO y la UCR.

La controversia surgió luego de que el Gobierno objetara la candidatura de la magistrada, propuesta para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N.º 3 de La Plata, por su vínculo familiar con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

Desde la oposición dialoguista cuestionaron la medida y sostienen que la postulante cumplió con todos los requisitos institucionales exigidos durante el proceso de selección.

Entre quienes defendieron su continuidad se encuentra Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado, quien afirmó que la evaluación de los jueces debe centrarse en criterios de idoneidad y trayectoria profesional.

La situación se volvió más compleja porque el oficialismo necesita una mayoría que hoy no tiene garantizada para formalizar el retiro del pliego en el recinto. Por ello, distintas fuentes parlamentarias consideran poco probable que ese tema sea finalmente tratado durante la sesión prevista para la próxima semana.

Más de 70 pliegos judiciales en espera

Más allá del caso Michelli, el Senado tiene en condiciones de avanzar con el tratamiento de 73 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales en distintos puntos del país.

Algunas candidaturas continúan bajo análisis, entre ellas las de postulantes para el fuero Penal Económico y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, aunque el principal foco de conflicto sigue siendo la situación de la magistrada platense.

El temario definitivo se definirá durante la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el miércoles, donde oficialismo y oposición intentarán acercar posiciones.

Acuerdo para cancelar litigios con holdouts

Otro de los proyectos que impulsa La Libertad Avanza está relacionado con la cancelación de deudas derivadas del prolongado conflicto con acreedores externos que no ingresaron a los canjes realizados tras el default de 2001.

La iniciativa contempla la aprobación de acuerdos alcanzados en tribunales estadounidenses con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. Como parte de esas negociaciones, el Estado argentino desembolsaría unos 171 millones de dólares para cerrar definitivamente los reclamos judiciales pendientes.

Según el Gobierno, los convenios incluyen reducciones cercanas al 30% respecto de los montos originalmente reclamados por los acreedores.

Cambios en la legislación sobre propiedad privada

La sesión también podría incluir el debate de una amplia reforma sobre propiedad privada que incorpora modificaciones en distintas normativas.

Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de los límites nacionales para la compra de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras, aunque las provincias conservarían la facultad de autorizar o rechazar esas operaciones dentro de sus jurisdicciones.

La iniciativa además introduce modificaciones en los procedimientos de desalojos. Para los casos de usurpaciones, se propone la aplicación de mecanismos judiciales abreviados que permitan acelerar la restitución de inmuebles. En tanto, para situaciones vinculadas a incumplimientos contractuales o deudas, se prevé ampliar a diez días el plazo de intimación antes de iniciar acciones de desalojo.

El proyecto también contempla reformas en la Ley de Manejo del Fuego, con una mayor participación de las provincias en la definición de políticas vinculadas al uso y recuperación de tierras afectadas por incendios.

Con una agenda cargada de temas sensibles y negociaciones abiertas hasta último momento, el Senado se prepara para una semana decisiva en la que el oficialismo intentará reconstruir consensos y evitar que las diferencias surgidas por los pliegos judiciales terminen condicionando el avance de sus principales iniciativas legislativas.