El Gobierno presenta su proyecto de “modernización laboral”, una reforma que actualiza la Ley de Contratos de Trabajo con un enfoque flexibilizador. La iniciativa, cuya edición definitiva se presentará este martes 9 de diciembre, será enviada al Congreso para su tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias, que también incluirán el Presupuesto 2026. La Casa Rosada aspira a obtener media sanción antes de fin de año y completar su debate en febrero.
Entre los cambios centrales, el texto redefine la presunción de relación de dependencia, permitiendo excluir de esa categoría a contrataciones de servicios profesionales o por obra, siempre que se emitan facturas. También elimina la responsabilidad solidaria en casos de tercerización, que solo se mantendrá ante maniobras fraudulentas.
El proyecto habilita el pago de salarios en moneda extranjera, exige acreditación bancaria de las remuneraciones y establece nuevas reglas para las vacaciones, que deberán otorgarse entre octubre y abril, con aviso previo de 45 días y posibilidad de fraccionarlas en tramos mínimos de siete días. Se incorpora el banco de horas, que permite compensar jornadas sin pagos extras.
La reforma también ajusta el régimen de preaviso, extiende a seis meses el período de prueba y excluye aguinaldo, vacaciones y premios no mensuales del cálculo indemnizatorio. Además, habilita un fondo de cese laboral por convenio y reduce contribuciones patronales para quienes integren los Fondos de Asistencia Laboral.
En materia sindical, limita la ultraactividad, otorga prioridad a los convenios por empresa, acota la tutela gremial y define nuevas infracciones muy graves, como bloqueos o tomas de establecimientos.
Las centrales obreras de la CGT y las CTA ya expresaron preocupación y consideran que la propuesta implica un retroceso en derechos laborales conquistados.
