La investigación judicial, que estuvo a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán, determinó que HTech no tenía empleados, ni movimientos en sus cuentas ni página web cuando se celebró el contrato con OSPRERA.
Los procesados
Los fundamentos
La investigación judicial determinó que la contratación de la empresa se hizo con el aval del poder político, puntualmente de Martín y “Lule” Menem. Antes de que se sellara el contrato, hubo reuniones en Casa Rosada con el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo «Lule» Menem, hombre de extrema confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.
El fiscal Guillermo Marijuan precisó que “ambos interventores, Montero y Petroni, habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.
“Hola Marcelo, me dijeron que ayer lo firmaba. Hoy lo llamo a Lule”, se encontró en un mensaje que Aguirre le envió a Petroni antes de ser designado como interventor.
La operatoria descubierta
La pesquisa determinó que OSPRERA contrató de manera irregular a la empresa HTech a partir de los vínculos entre los involucrados. Primero, el gobierno de Milei – a través de la secretaria de Trabajo de la Nación, a cargo de Julio Cordero– intervino la obra social de los peones rurales por considerar que atravesaba una situación de crisis económica.
La primera interventora fue Montero, desde agosto a noviembre de 2024 -en un momento fue suspendida por decisión judicial hasta que reasumió- y luego Petroni quien estuvo en el cargo hasta enero de este año. «A los dos días de reasumir la intervención, Virginia Montero contrató a la sociedad HTech Innovation SA«, señaló la resolución judicial.
El fallo explicó que la empresa había sido «creada pocos meses antes, sin movimientos de fondos en sus cuentas, que no tenía página web, ni empleados, ni estructura, pero cuyos integrantes Montero conocía bien».
«Aguirre (uno de sus socios) y ella se conocían, al menos, desde el año 2009, cuando ambos eran docentes de la misma materia de la carrera de Medicina en la Fundación H. A. Barceló», detalló la resolución.
Pero también Montero y Aguirre tuvieron reuniones con funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo que debía controlar la intervención.
A partir del celular de Petroni se estableció que Aguirre, exsocio de Martín Menem, funcionaba como “enlace presidencial” según lo definió en un grupo de whatsapp llamado «Rurales». En el teléfono de Petroni se encontraron múltiples mensajes que lo confirman: “Nosotros somos Lule y Karina”, dijo en uno de ellos. «Me tengo que reunir con Martín Menem y Lule a las 9,30”; “me reuní con Julio Cordero el Secretario de Trabajo de la Nación y con Mario Lugones el Ministro de Salud”; “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de Uatre”, son algunos de los textos que confirmaron el fuerte vínculo político del interventor.
La resolución del juez
«El ingreso de HTech (en OSPRERA) aparece desvinculado de una necesidad técnica determinada mediante procedimientos objetivos. Las propuestas de la firma no ingresaron por los canales ordinarios sino que habrían llegado de modo directo a manos de la interventora, no estuvieron precedidas por un requerimiento técnico de las áreas competentes ni tampoco se acompañaron antecedentes suficientes de idoneidad ni capacidad operativa», describió el juez Casanello en su resolución.
También sostuvo que «los montos comprometidos superaban ampliamente los umbrales reglamentarios» por parte de una obra social que además contaba «con una alarmante crisis financiera y obligaciones prestacionales críticas en materia de salud».
«Ambos interventores autorizaron desembolsos significativos en favor de una sociedad con la que existían notorios conflictos de interés, recientemente constituida, sin experiencia demostrada, sin estructura suficiente y cuya actividad económica comenzó a desarrollarse precisamente a partir del vínculo con la entidad intervenida», concluyó el magistrado.
La investigación determinó que la compañía de Aguirre obtuvo ganancias de manera ilícita por un total de $247.836.858,63 a través del contrato con Osprera. El primer cheque tiene fecha del 12 de noviembre de 2024 y el último es del 11 de julio de 2025.
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