El Senado volvió a sesionar hoy desde las 11:15 para votar el rechazo al veto presidencial del proyecto que declara la emergencia en el área de Discapacidad, además de debatir la modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.
Así fue acordado ayer en una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió la dinámica de una sesión que estará atravesada por el escándalo que envuelve al gobierno de Javier Milei por los audios difundidos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y que alcanzan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Serán cinco las cuestiones de privilegio que se centrarán en el tema que tiene contra las cuerdas al oficialismo: las presuntas coimas distribuidas entre la hermana del mandatario, Eduardo ‘Lule’ Menem y Spagnuolo, entre otros protagonistas, además de que también harán hincapié en la cautelar del juez Alejandro Maraniello contra la difusión de esos audios.
Desde antes del fin de semana merodeaba la idea de impulsar un pedido de interpelación para Karina Milei, y la cruzada por este tema la encabezaba el interbloque peronista, liderado por el formoseño José Mayans; pero al no tener dictamen de comisión, la iniciativa debería ser habilitada en el recinto con dos tercios, por lo que sí o sí debería ser apoyada por otros bloques y, de avanzar, la mayoría simple bastaría para su aprobación. La posibilidad es lejana.
En la reunión de este mediodía había quedado descartada, aunque en un Senado sin conducciones claras nada puede desecharse.
Vuelven a movilizarse en defensa de la ley de emergencia en discapacidad
Otro dato para resaltar es que la sesión no podrá ser presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que quedará a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos. El sillón de la Presidencia de la Cámara alta quedará a cargo del libertario Bartolomé Abdala desde el inicio.
La emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso hasta el 31 de diciembre del 2026 y actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023 a la fecha.
La oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esta ley, que contempla una actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad, tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.
Un punto clave de esta iniciativa es que las 200.000 contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, además de que se deberán saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
Hace 22 años que el Congreso no insiste con una ley vetada por el Ejecutivo, la última vez había sido en abril de 2003. Por esta razón la sesión reviste un carácter histórico, ya que la administración libertaria se encamina a una dura derrota en el recinto senatorial.
En tanto, en el dictamen del proyecto que regula los decretos confluyeron el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales, que buscan limitar así la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo.
La decisión tuvo consenso hace casi dos semanas en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Alejandra Vigo. No está claro que el dictamen, garabateado entre gallos y medianoches, tenga un gran consenso, pero tiene un punto de partida de 34 voluntades provenientes de la bancada peronista.
Establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.
