El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió avanzar con una investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito impulsada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.
En su requerimiento, el fiscal consideró que existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa, centrada en un supuesto incremento patrimonial desproporcionado en relación con los ingresos del funcionario. La presentación menciona “severas discrepancias” entre sus declaraciones juradas, la posible omisión de activos financieros —incluidos depósitos en el exterior— y la incorporación de fondos cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.
Entre los puntos señalados, se destaca que el patrimonio de Adorni habría crecido hasta un 500% en un solo período fiscal, además de la declaración de sumas relevantes en efectivo y un nivel significativo de endeudamiento.
Otro eje de la denuncia apunta a la presunta existencia de un inmueble no declarado en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según la presentación, el funcionario habría estado vinculado, junto a su pareja, a la construcción de una vivienda que no figura en su Declaración Jurada Patrimonial Integral ante la Oficina Anticorrupción, donde solo se consignan dos propiedades.
Para avanzar en la investigación, Pollicita solicitó una batería de doce medidas de prueba. Entre ellas, requirió informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, a la Oficina Anticorrupción, ANSES y otros organismos, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias.
También pidió información específica sobre el lote en el country mencionado, incluyendo su titularidad, antecedentes registrales y eventuales gravámenes, así como datos sobre quién abona las expensas y si se tramitaron permisos de construcción ante el municipio correspondiente.
Además, solicitó el envío de todas las declaraciones juradas presentadas por Adorni, junto con datos migratorios, laborales y documentación vinculada a operaciones financieras o inmobiliarias, así como detalles sobre los préstamos familiares mencionados en la denuncia.
La causa quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si da curso a las medidas solicitadas o si delega la investigación en el fiscal. El objetivo es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si se registran inconsistencias que justifiquen el avance del proceso judicial.
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