El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este viernes que «no hay una guerra con el interior» y que la eliminación de los subsidios del transporte a las provincias no guarda relación con la caída de la Ley Bases, al tiempo que diversos funcionarios de los gobiernos provinciales y municipios anticiparon que judicializarán la medida, que estiman que traerá como consecuencia un boleto de colectivo de más de $ 1000.
«No hay una guerra con el interior. Hay una organización de los recursos públicos que corresponde legalmente. Desde el Pacto Fiscal de 2017 y 2018 quedó claro que el transporte provincial era una responsabilidad de las provincias», manifestó Francos al referirse a la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior del País que fue anunciada ayer por la Secretaría de Transporte.
Según el ministro, el Fondo Compensador era un «fondo Covid creado en 2020 para ayudar al transporte», en alusión a la pandemia de coronavirus que se extendió por algo más de dos años. «El Covid pasó pero el fondo se mantuvo como siempre pasa en Argentina. Lo que hace el Gobierno es decir que, si este pacto fiscal está vigente, este fondo desaparece, no existe. No hay ya un fondo Covid», señaló Francos. El funcionario remarcó que «no es una consecuencia» ni de la caída en el Congreso de la Ley Bases ni del «inicio de una confrontación con las provincias».
Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en conferencia de prensa que el transporte provincial es una «facultad no delegada a la Nación» a diferencia de las líneas interjurisdiccionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que continuarán con subsidios «hasta que avance la puesta en funcionamiento de la Autoridad Metropolitana del Transporte», conformada por Provincia y Ciudad, que fue creada en 2012 pero nunca fue puesta en funcionamiento.
Como consecuencia de la eliminación del fondo, los gobiernos provinciales deberán elevar el pasaje a su valor real – cercano a los $ 1.000 – o sumar más fondos propios para subsidiar la tarifa.
Un grupo de 22 intendentes de ciudades del interior – entre ellas, Córdoba, Rosario, Corrientes Mar del Plata, Jujuy y Neuquén- rechazó ayer en un comunicado la medida y solicitaron la revisión de la misma. Los jefes comunales manifestaron su «extrema preocupación», advirtieron que «dejaría sin transporte a millones de argentinos» y adelantaron que tomarán «todas las medidas políticas y judiciales garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional».
