El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) presentó un nuevo documento que rechaza los bonos del Tesoro Nacional, ofrecidos como método de pago por los fondos de coparticipación que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) deber retornar a Caba, tras la medida cautelar interpuesta para recuperar los puntos que Nación le retiró. En 2020 el presidente Alberto Fernández decretó esta medida para quitarle 1,55% de los 2,95% de fondos coparticipables que le correspondían a Caba para entregarlos a la Provincia de Buenos Aires, en medio un conflicto salarial con la Policía Bonaerense.
A partir del fallo “a favor” de Caba, La Nación cumplirá la voluntad de la Corte de incrementar del 1,4% actual a 2,95% de fondos coparticipables, pero pagará con bonos del Tesoro Nacional hasta 2031. Se tratan de los bonos TX31, emitidos en pesos, ajustados por el CER 2,50% (coeficiente de estabilización de referencia) y con vencimiento el 30 de noviembre de 2031.
Ante esto el Gobierno de la Ciudad, presentó un escrito firmado por el procurador general de Caba, Gabriel Astarloa, el cual sostiene que “Un bono es un instrumento financiero de deuda, por lo que el Estado Nacional, con la disposición adoptada, no está cumpliendo la medida cautelar”.
Por demás, el documento advierte que “el porcentaje que el Banco de la Nación Argentina está obligado a transferir es un flujo diario de acuerdo al porcentual establecido en la medida cautelar de fondos coparticipables que automáticamente deben ser trasladados a esta jurisdicción en pesos, con los mismos mecanismos mediante los cuales se deposita el 1,40% hasta el día de la fecha y tal como se deposita a las restantes jurisdicciones del país”, ya que “el bono es incompatible por su propia naturaleza con la forma de distribución de los fondos coparticipables que participa de los caracteres de automaticidad e inmediatez”, de modo que “la forma dispuesta en la Decisión Administrativa no cumple los mínimos recaudos exigidos en la cautelar ordenada. (…) Los regímenes de coparticipación deben garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos, lo que implica disponibilidad y liquidez, dos características de las que carecen los bonos”, sostuvo el procurador Astarloa.
A esto, se suma la ampliación de la denuncia de la Coalición Cívica (CC) interpuesta contra funcionarios del Gobierno nacional, por no acatar el fallo de la Corte, al que sumaron al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. En la denuncia original estaban imputados el presidente Fernández, los ministros Sergio Massa y Eduardo De Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Tras el fallo, el Gobierno irá al Congreso
El presidente Alberto Fernández confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar temas como la “moratoria previsional” y la presentación de distintas “alternativas” que se están evaluando, junto al ministro de Economía, Sergio Massa para hacer frente al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. “Estamos trabajando para ver cuál es la alternativa que encontramos” afirmó en declaraciones televisivas.
Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, se mostró muy disconforme con el fallo y acusó que esta restitución de fondos de la Corte a Caba es una forma de “financiar” la futura campaña presidencial del jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta, “a costa de las necesidades de las provincias”.
Además, el ministro aseveró que se trata de “una medida arbitraria, electoralista y antifederal”, que busca darle “mil millones de dólares más a la Ciudad”, contradiciendo lo que establece la Constitución Nacional en materia de solidaridad con las provincias para resolver los desequilibrios en Argentina.
