El oficialismo buscará mañana cerrar un acuerdo en la Cámara de Diputados con los bloques opositores dialoguistas sobre las reformas que se incorporarán al proyecto de ley «Bases», para posibilitar así la firma del dictamen el martes y aprobar la iniciativa entre el jueves y el sábado, en una sesión maratónica que podría ser la más larga de la historia parlamentaria.
Las negociaciones serán encaradas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien cumple un rol central para articular los acuerdos con los bloques opositores dialoguistas, con el fin de analizar los cambios centrales que se instrumentarán en el dictamen de mayoría que se debatirá el martes en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda.
Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias, mañana se podrá convocar al plenario que tendrá que analizar los dictámenes de mayoría y minoría, que luego se discutirán en el recinto en la extensa sesión que comenzará en la mañana del jueves y podría extenderse entre 48 y 72 horas, con lo cual se convertirá en el debate más extenso de la historia.
Con los acuerdos que se terminarán de consolidar mañana, el oficialismo podrá cumplir su objetivo de sancionar esta semana el proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que contempla la declaración de la emergencia, cambios en el sistema de actualización de jubilaciones, privatización de empresas públicas y reformas en el sistema de la Administración Pública.
Menem, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, avanzó el jueves pasado con acuerdos con los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal sobre el plazo sobre la emergencia pública, las retenciones agropecuarias e industriales, y las privatizaciones, pero aun falta un acuerdo central vinculado a la fórmula de actualización de las jubilaciones.
Participaron en esas conversaciones los diputados del Pro Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, el radical Rodrigo de Loredo, y Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot de Hacemos, además de Pamella Calletti de Innovación Federal.
Uno de los objetivos del proyecto es alcanzar el déficit cero y en ese contexto es clave cómo quedarán las retenciones e impuestos, la reorganización del Estado Nacional y, en especial, el sistema jubilatorio.
Sobre este punto, Francos señaló el viernes que están en estudio «dos o tres alternativas» para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está «sería una» y las otras podrían estar vinculadas a «generar la actualización por algún índice», como por caso por inflación.
El Gobierno pidió suspender la actual fórmula jubilatoria por la cual se aplican en forma trimestral los aumentos, y que consiste en un índice conformado en un 50 por ciento en el incremento de la recaudación y en un 50 por la suba salarial promedio dispuesta por Ripte, y fijar aumentos por decretos pero solo para la jubilación mínima.
Los diputados de la UCR y Hacemos Coalición Federal se oponen a otorgar esa facultad al Gobierno y quieren que exista un índice para actualizar los haberes de la clase pasiva y propone que para eso se tenga en cuenta el Costo de Vida.
En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), «deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones».
Otro tema que aun falta resolver es qué pasará las elecciones PASO, ya que la reforma electoral será eliminada del proyecto y lo mismo pasará con respecto al capítulo sobre salud.
Otro punto que había tenido una gran repercusión en la ronda de consulta que se extendió por tres días, y con mas de 150 disertaciones, fue sobre el destino del Fondo Nacional de las Artes que continuará vigente, así como los recursos para el Incaa, pero donde se fijarán condiciones diferentes entre las que figuran que el productor de una película tenga garantizada el financiamiento del 50 por ciento de la misma.
En cambio sí habría acuerdo en cuanto a sacar el artículo que propone ratificar el DNU que se estudiará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.
El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.
Sobre las retenciones, se fijan en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15%, pero se aceptan el aumento de dos puntos solicitados por el Gobierno para elevar de 31 a 33 la alícuota de soja, al tiempo que se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.
Pero las advertencias recientes del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Juntos por el Cambio (JxC), pusieron un manto de duda sobre la posibilidad de que haya acuerdo en materia de suba de ese impuesto.
«No voy a acompañar el aumento de retenciones. El Gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al poner un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita», manifestó el mandatario provincial desde sus redes sociales.
Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical y Hacemos quieren incluir al Banco Nación, Ymad (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), Núcleo Eléctrica Argentina y Arsat.
En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%), y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También se elimina la derogación de Ley de Azúcar.
Los acuerdos son centrales para el Gobierno ya que LLA solo tiene 38 diputados en la Cámara baja y siete en el Senado, con lo cual necesita el respaldo de los bloques opositores predispuestos al diálogo porque UxP tiene la primera minoría en el Congreso y la izquierda rechazan de plano estas propuestas.
LLA parte de sus 38 diputados propios y puede sumar con los aliados a Buenos Aires Libre, Unión Mendocina, Creo, Avanza Libertad y Producción y Trabajo, que son siete apoyos con lo que alcanzaría 45 votos, por lo cual requiere el respaldo de la mayoría de los diputados del PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal para alcanzar los 129 del quórum y de la mayoría para las votaciones.
Así, desde LLA miran atentamente a la UCR que suma 34; el PRO, 37; Hacemos e Innovación, 32, y Ser Santa Cruz, dos.
En caso de lograr el acuerdo con los bloques dialoguistas, el oficialismo conseguiría un dictamen con 68 firmas y superaría a UxP y la Izquierda, que totalizarían 47 votos de rechazo sobre los 115 totales que componen el plenario.
