Pese a que el Gobierno se jacta de no negociar con “la casta” política, cedió en puntos clave de la Ley Bases, y el poroteo lo favorece de cara a la votación en general, aunque persisten las dudas respecto de algunos artículos que sectores de la oposición dialoguista resisten.
Tras varias rondas de negociación en la Casa Rosada y en el Congreso, el miércoles hubo humo blanco y salió la convocatoria para el día siguiente al plenario de comisiones, donde se arribó a un dictamen de mayoría, que quedó reducido a lo esencial para el Poder Ejecutivo.
El proyecto quedó listo para tratarse a partir del próximo lunes al mediodía, en una sesión que se extendería al martes y posiblemente también el miércoles a la madrugada.
Se quiso abarcar un número de reformas mayor, pero algunos tópicos que impulsaban determinados bloques eran rechazados por otros, y viceversa.
La versión final no terminó de conformar a nadie a excepción de La Libertad Avanza, naturalmente, y del PRO. Pero la votación en general está garantizada, con un piso de 135 votos a favor, según pudo averiguar Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias del oficialismo. También remarcaron que difícilmente puedan perforar los 150 votos, que sería el techo.
En el pelotón de apoyos aparecen los 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal, al menos 29 de los 35 radicales, los ocho de Innovación Federal y uno de Creo.
La parte más difusa y empinada vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las clavijas hasta el último momento. Pese a renegar de la política, la fuerza del Gobierno deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se le escabulla ningún voto.
“Creo que acusaron el golpe y aprendieron”, reconoció un diputado de Hacemos Coalición Federal, que destacó la mayor predisposición a la escucha de funcionarios como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal.
El oficialismo debió sacrificar artículos para poder arrimar un dictamen que fuera firmable por las fuerzas de la oposición light.
Por ejemplo, eliminó el artículo sobre desregulación económica, quitó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a apenas ocho la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación).
Además amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución, y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones.
Pese a compactar el proyecto, igualmente quedó un mamotreto de 240 artículos y 162 páginas, que será desmenuzado en el recinto durante al menos dos jornadas de debate a partir del lunes al mediodía.
Un foco de conflicto que no termina de sofocarse tiene que ver con la reforma laboral, que estuvo en vilo hasta último momento pero finalmente se plasmó en el dictamen de mayoría en una versión comprimida.
Fue la forma salomónica de “cortar al medio” entre dos posturas antagónicas. La UCR machacó con una reforma laboral ambiciosa, que inclusive se metía con los intereses sindicales eliminando las cuotas solidarias de los no afiliados.
En un momento dado, cuando trascendió que el Gobierno hacía lugar al pedido radical, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto dio un golpe de puño sobre la mesa amenazando con no votar la ley Bases a menos que se dejara completamente de lado el capítulo de modernización laboral. El rionegrino está convencido de que este tema no pasa en el Senado y no quiere que se pierda el tiempo en Diputados.
Finalmente se incluyó una versión comprimida de la reforma circunscripta básicamente a la derogación de multas por no registración, ampliación del período de prueba y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.
Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica (ésta última pertenece a HCF pero tiene juego propio, al punto que presentó un dictamen de minoría ayer en el plenario de comisiones) intentarán plasmar cambios y agregados en el recinto en lo que refiere a la reforma laboral y el impuesto al tabaco (en este caso en la ley fiscal).
Además, fiel a su tradición de no otorgarle “superpoderes” a ningún presidente, la fuerza política de Elisa Carrió no votará la delegación de facultades.
También hay muchas dudas respecto a los que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos.
El radicalismo está dividido respecto de esta propuesta del Gobierno y podría haber un batacazo en este sentido.
Por si fuera poco, hay diputados de la UCR y de HCF que no están convencidos de las “bondades” del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ley Bases, y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.
Los diputados del espectro “dialoguista” están en una encrucijada dilemática: aseguran que quieren darle a Javier Milei las herramientas para que gobierne y deje de lado las excusas, pero no están conformes con la redacción final de algunos artículos y saben que si aplican su poder de veto el presidente, un fundamentalista del “todo o nada” podría volver a ordenar el retiro del proyecto en plena sesión, levantando el dedo acusador contra toda la oposición.
