El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura, remarcó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debe tomar dimensión del impacto que tuvo el ciberataque para que no vuelva a ocurrir una situación similar.
“El ataque que sufrió el Poder Judicial puso en jaque la institucionalidad, durante algunos días la Justicia se vio paralizada y, si bien hubo un esquema de contingencia, esto generó una ralentización del servicio de justicia”, indicó Segura en declaraciones al diario Comercio y Justicia, y sostuvo que son los “actores institucionales” quienes deben “exigir al Poder Judicial que tome las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder”.
Además, Segura dijo no estar conforme con el funcionamiento del Poder Judicial tras el ataque, aunque especificó que entendían la dificultad del caso, por tratarse de un hecho “intempestivo, excepcional”. El titular del colegio también destacó el “diálogo permanente entre los abogados y las autoridades judiciales, lo cual les permitió acceder a información para poder trasladarla luego a nuestros colegas y a la ciudadanía”.
Asimismo, el letrado recordó que, con anterioridad al ciberataque, habían pedido “que los abogados tengan backup de todos los escritos digitales que se suben al SAC y avanzar en la implementación de la firma digital para darle certidumbre y legalidad a todo el proceso”. “Después de lo ocurrido, esperamos que estos reclamos sean escuchados”, agregó.
Con respecto a la reforma de los códigos procesales, Segura consideró “totalmente necesario” avanzar en el tema. “Vamos a plantear la necesidad de crear comisiones de la que participen también los abogados para modificar el Código Procesal e incorporar el expediente electrónico a estos Códigos Procesales. También creemos que ese Código Procesal debe contener la legislación de emergencia, es decir, que se contemple la situación que nos ha tocado vivir en estos días, qué pasa cuando el sistema no funciona, qué pasa cuando el sistema es hackeado; no nos podemos quedar sin Justicia”, concluyó.
