Un nutrido grupo de urbanistas de la provincia unieron sus críticas contra el proyecto de ordenanza 10174/C/22 que busca crear un “régimen de regularización para loteos de perímetro controlado”. A su entender, de aprobarse el texto presentado por el bloque de concejales de Hacemos por Córdoba, “alrededor de 55 barrios de la ciudad, surgidos como urbanizaciones abiertas, pueden convertirse en Urbanizaciones Residenciales Especiales, es decir, lo que comúnmente se denomina barrios cerrados.
De esta manera, “se produciría la transferencia de suelo público a privados, en un proceso donde una significativa superficie de suelo urbano público pasa a la gestión privada”. Con esta modificación, “las calles, plazas y otros espacios situados en urbanizaciones abiertas, que revisten carácter público y pertenecen al conjunto de la ciudad, pasarían a ser restringidos, de uso exclusivo a los vecinos que habitan los loteos en cuestión”. A la vez, “se obstaculiza el trazado de calles y el tendido de infraestructura, afectando la continuidad de las redes públicas de servicios y transporte”.
La nota lleva la firma de dos maestrías de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, tres cátedras de esa misma casa de altos estudios, de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial Regional Centro, y del Grupo de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
En sus críticas, los firmantes recuerdan que el cerramiento de barrios concebidos como abiertos resulta incompatible con las condiciones establecidas en el marco regulatorio de aprobación de loteos (ordenanza 8060) que dice que los organismos técnicos municipales deben establecer los recaudos necesarios para que los proyectos autorizados resulten compatibles con el esquema urbanístico del sector, que no impidan o alteren la continuidad de las vías de circulación, ni produzcan entorpecimientos.
Por otro lado, la iniciativa oficialista contempla la cesión de las superficies necesarias para vialidad y la transferencia de un porcentaje no menor al 15% de la urbanización para espacios verdes y localización de equipamiento comunitario.
Como cierre, los urbanistas argumentan que el proyecto expresaría “la incomprensión absoluta” respecto de los valores de una ciudad abierta para “legitimar comportamientos sectoriales y voluntades individuales violatorias de la ley que rige para todos”.