La Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales presentó una acción de amparo contra el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dispuesto por el gobierno de Javier Milei.
Mediante un escrito de unas 70 páginas firmado por la presidenta de la organización, María Cristina Agüero, «la resolución detiene la producción de cine nacional, de los proyectos que no pueden acceder a los beneficios de la ley porque no se pueden presentar a solicitarlos ni tampoco los que están en curso».
Ello genera –según la demanda- «que al ser devueltos pierdan todo derecho ya adquirido para continuar su trámite, afectando así a todos los asociados e incluso varios que no lo son, habiendo muchas producciones afectadas con este acto administrativo dañando al cine nacional».
Para los productores, esa decisión «implica un daño irreparable a la cultura sin perjuicio de mencionar que deja expuesto al Estado a futuras acciones judiciales».
La acción de amparo quedó registrada con el número 6576/2024 y recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número cuatro, a cargo de la jueza Rita Ailán.
El planteo incluye el pedido de una medida cautelar que suspenda «los efectos del acto impugnado», lo que significaría en los hechos la reapertura del INCAA.
La Resolución que dispuso su cierre, añade el texto, «viola la Ley del Cine 24.377, que tiene por objeto promover la actividad del sector siendo que dicha ley organizó la estructura del INCAA y su funcionamiento y normas de actuación».
