Las repercusiones políticas en torno a la muerte de la joven de 26 años que había denunciado por violación al ex director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, no tardaron en llegar. En este sentido, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba le envió ayer una nota a la ministra de la Mujer provincial, Claudia Martínez, a través de la cual le solicitó que se declare la “emergencia por violencia de género”. En el escrito, el gremio alertó que “en menos de un mes ya contabilizamos cinco terribles muertes violentas contra mujeres por su condición de tales”.
Por tal motivo, le reclamó además a la funcionaria que convoque al sindicato para informar las acerca de las políticas y presupuestos que el gobierno de Córdoba está realizando en materia de la eliminación de las violencias contra mujeres y diversidades. Al mismo tiempo, ATE exigió la realización de capacitaciones sobre la Ley Micaela para “evitar casos como el del denunciado Concha, cuya víctima, Luana Ludueña, se quitó la vida la semana pasada tras padecer un calvario tras su denuncia”.
En tanto, la organización sindical pidió que “se atiendan de manera urgente los reclamos gremiales que nuestra entidad viene realizando ya hace más de un año, y que tienen como centro a la regularización de la situación de precariedad de las trabajadoras de su cartera”.
Como se recordará, Concha está detenido desde noviembre de 2021 a raíz de una denuncia de su ex pareja por violencia de género a la que se le agregó semanas después la de abuso sexual por parte de la joven que se terminó quitando la vida el viernes último. La imputación completa es: abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado (por ser funcionario y por violencia de género).
Propuesta en la Legislatura
A su turno, el bloque de legisladores de Juntos UCR presentó en la víspera un proyecto de ley que busca que cuando se produzca una denuncia por violencia de género, la agente denunciante tenga la opción de elegir ser trasladada del lugar habitual de cumplimiento de sus funciones o permanecer en el mismo cuando el agresor cumpla sus funciones o tareas en el mismo lugar que aquella.
De darse este último supuesto, de manera inmediata a la opción elegida, se comunicará al agresor su traslado a dependencia o área de manera tal de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas y por el plazo adoptado conforme al procedimiento establecido.
Además, cuando la denunciante pertenezca a las fuerzas de seguridad no podrá sufrir ningún tipo de menoscabo sobre el total de ingresos percibidos por todo concepto en su condición de operativa, durante el último mes anterior a la denuncia formulada y mientras dure la vigencia de las medidas adoptadas.
Sobre el particular, el legislador Dante Rossi expresó que dicha iniciativa “tiene por objeto avanzar y acompañar un proceso en el cual fundamentalmente los movimientos de mujeres luchan por la ampliación de derechos y el reconocimiento hacia personas que históricamente han sido y sufrido discriminación”.
“Nos estamos refiriendo a la necesidad de dotar de especial protección a mujeres víctimas de violencia de género en sus diversas modalidades”, recalcó el parlamentario radical. Rossi dijo que la reforma propuesta avanza sobre aquellas, salvo la denominada doméstica, la cual cuenta con una regulación normativa específica, y pretende incorporar en un marco jurisdiccional único a las mismas en pos de evitar el peregrinar de mujeres víctimas o sujetas a hechos de violencia que se ven obligadas a recorrer pasillos incesantemente hasta que logran que tomen su denuncia.
