Funcionarios, sindicalistas y empresarios explicitaron este martes su respaldo al proyecto de reforma de la ley del Compre Argentino, al exponer en un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto de la Cámara de Diputados donde la próxima semana buscarán emitir dictamen favorable a esta iniciativa destinada a apuntalar el desarrollo de la industria nacional.
En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión de Industria, Marcelo Casaretto, anunció la decisión de excluir al Pami del alcance de la ley de Compre Argentino, con lo cual el organismo no podrá utilizar este sistema de preferencias destinados para empresas locales en las licitaciones públicas.
Casaretto dijo que tras mantener consultas con el Poder Ejecutivo, se decidió «excluir al Pami del alcance de esta ley». A renglón seguido, el legislador anunció que el plenario de hoy iba a ser solo de carácter informativo y que el dictamen se firmará el próximo martes.
La iniciativa original ampliaba el alcance de la ley al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.
La incorporación del Pami a este sistema de preferencias fue criticado por Juntos por el Cambio y otros bloques opositores, bajo el argumento de que esto iba a encarecer los precios de los medicamentos.
«Tomamos el texto que había venido del Ejecutivo y a propuesta de colegas le hicimos algunas modificaciones; el jueves también escuchamos comentarios de los distintos bloques y hacemos nuevos cambios sobre el texto del Ejecutivo y en relación a lo que ya sería un dictamen final», subrayó Casaretto.
Las exposiciones en el plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto-conducido por Casaretto y Carlos Heller, fueron abiertas por el secretario de Industria, Ariel Schale, quien aseguró que el proyecto de reforma de la ley de Compre Argentino «eleva los márgenes de preferencia» en las licitaciones públicas para «mejorar el esquema competitivo» de las empresas nacionales.
Schale rechazó las críticas formuladas desde la oposición respecto a que el Estado pagará «muy caro» por priorizar a las industrias locales.
Dijo que «tiene que quedar claro que es una ley de compre argentino, no es una ley pyme ni está discriminando el origen del capital, en una ley donde las multinacionales que producen en la Argentina también se benefician con este sistema».
Destacó que la reforma de la ley de Compre Nacional «eleva los márgenes de preferencia para mejorar el esquema competitivo de la oferta nacional pero de ninguna manera construye espacios de privilegio».
El proyecto enviado por el Gobierno Nacional en diciembre pasado amplia los márgenes de preferencia en las licitaciones para las empresas grandes del 8 al 15 por ciento y para las pymes del 15 al 20 por ciento.
Otro expositor, el subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Fernando Peirano, dijo que «este proyecto de ley habla de la ciencia y tecnología, que es lo que a mí me atañe; la evolución de los sistemas de producción en ciencia, tecnologías e innovación hablan de pasar solo con la oferta a incorporar la perspectiva de la demanda».
Señaló que «es necesario definir qué es una compra pública de innovación, creando un programa para que organismos, reparticiones estatales y entes de gobierno puedan organizar sus compras públicas, privilegiando lo que está en góndola y lo que no está, pero necesitan, y así se pueda ayudar a su desarrollo desde la idea al producto”.
Desde el sindicalismo, el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán -quien también representó a la CGT- defendió el proyecto al resaltar que “plantea oportunidades para el desarrollo y generación de nuevos empleos en beneficio de nuestro pueblo”.
Furlán dijo que «venimos con la postura de exigir el tratamiento y la sanción de este proyecto porque va a ser un bien preciado para todos los argentinos y argentinas»
En tanto, el director Ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, sostuvo que “el Compre Argentino significa trabajo argentino, pero queremos garantizar trabajo decente y que tengan los pisos de protección social y cumplimiento de todos los estatuto laborales”.
Por el sector fabril, el director de la Unión Industrial Argentina (UIA), Pablo Dragún, sostuvo que “es fundamental tener a las compras públicas como una política de estado sostenida en el tiempo, porque redunda en mejores beneficios, tanto para el entramado productivo, las inversiones y la generación de empleo de calidad”.
Por el sector pyme, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, respaldo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al tiempo que realizó algunas observaciones al sostener que «no se encuentran instrumentos para desconcentrar la economía”:
“Las pymes actuamos muchas veces como proveedores de los grandes proveedores de insumos, que son los que tienen espalda financiera y se constituyen en un intermediario que a su vez encarece el producto que el Estado compra”, dijo.
A su turno, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, sostuvo que la ley de Compre Argentino permitirá el desarrollo sustentable de la industria ya que “traerá aparejado el renacimiento de las Pymes y de una gran cantidad de puestos de trabajo, que ayudarán a combatir la pobreza del país”.
“Esta ley representa parte de nuestro patrimonio nacional, que es el trabajo argentino, y contribuye a combatir la pobreza a través de la generación de nuevos puestos de trabajo. Por eso creemos que la iniciativa es estratégica y fundamental para potenciar el desarrollo industrial”, afirmó Rosato.
El oficialismo, que aspira a poder votar cuanto antes esta iniciativa para apuntalar a las empresas nacionales, necesita enhebrar acuerdos con Juntos por el Cambio y otras bancadas opositoras para poder llevarla al recinto, debido a la extrema paridad de legisladores entre las principales fuerzas parlamentarias.
La iniciativa contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que sus precios se excedan -hasta un determinado tope- a las propuestas que puedan hacer compañías extranjeras. A través de su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones por dejar de contratar proveedores extranjeros.
