Los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz rechazaron el juicio político en su contra y advirtieron sobre la posibilidad de que el proceso afecte la independencia judicial.
Presidente y vice del máximo tribunal enviaron, a la par, cartas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para cuestionar la investigación que los tiene en la mira por varias causales y que terminó de detonar la relación entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial.
Rosatti advirtió que las acusaciones que se les hacen tienen la singularidad de estar unidas por la «disconformidad con el contenido de las sentencias».
En la misiva de descargo, el santafesino recordó que la Corte Suprema accedió a responder los pedidos de informes realizados por la Comisión presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, aportó 75 cuerpos de documentación y «prestó la más amplia colaboración frente a los particulares pedidos».
«Todos los empleados y funcionarios del Tribunal que fueron citados a declarar como testigos cumplieron con su deber legal», remarcó el también presidente del Consejo de la Magistratura.
De todos modos, no dejó de marcar que, a su entender, varios «vicios afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio», por lo que «vician la validez y eficacia del proceso».
En ese sentido, Rosatti mencionó que la Comisión de Juicio Política de la Cámara baja produjo pruebas sin la previa intervención de un juez; se «requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal»; «se incorporó prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal»; y «se sometió a los testigos a un trato hostil y se los descalificó tanto personal como profesionalmente».
Por ello, consideró que el proceso es «un evidente intento de condicionar la resolución de causas en trámite» y alertó sobre la dificultad de ejercer el derecho de defensa: «Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión».
«El proceso se ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró», remarcó.
Y agregó: «Es evidente que este tipo de acusaciones conllevan una presión indebida sobre los jueces del Tribunal y un intento de condicionar sus futuras decisiones».
«Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite», continuó.
Ante ese análisis, subrayó que «corresponde declarar la improcedencia de los pedidos de juicio político y disponer el archivo de las actuaciones».
Por su parte, Rosenkrantz afirmó que «se ha usado la facultad de acusación de un modo infiel al propósito constitucional» y lanzó: «De hecho, muchas veces ese propósito ha sido subvertido: la rama con atribuciones para controlar intentó en realidad condicionar, neutralizar o directamente cooptar a la rama controlada para, así, concentrar ella misma un poder que no le correspondía».
Además, indicó que «este procedimiento tiene un fin mucho más nocivo para el funcionamiento republicano del país que el mero apartamiento de uno de sus jueces pues apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria».
«Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional», planteó.
