Un grupo de intendentes autoconvocados de distintas fuerzas políticas cuestionó en duros términos la decisión de la Legislatura provincial de no tratar sobre tablas el miércoles pasado, en la última sesión ordinaria del año, el proyecto que habilita la re-reelección.
La fuerte reacción de los jefes municipales (la mayoría son peronistas) incluyó la amenaza de tomar decisiones que pueden afectar las chances electorales del oficialismo de Hacemos por Córdoba en 2023. Por ejemplo, el intendente de Pasco, Daniel Delbono, anunció que renunciará a la presidencia del PJ del departamento San Martín, que tiene a Villa María como ciudad cabecera.
Además, acompañaron un listado con los nombres de los 250 intendentes y jefes comunales del interior provincial molestos por el no tratamiento en la Unicameral de la modificación del artículo 7 del Código Electoral Provincial (ley número 10.406).
“Este grupo de grupo de 250 intendentes y presidentes comunales autoconvocados manifiesta su enérgico repudio y rechazo al destrato, falta de respeto, burla, manoseo y ninguneo recibido de parte del gobernador Juan Schiaretti, ministros provinciales, autoridades de diversos partidos políticos, radicales, PRO, Juntos por El Cambio, Hacemos por Córdoba, etcétera, legisladores provinciales y nacionales y periodistas (funcionales al poder de turno), luego del pedido de tratamiento de modificación de la ley 10.406”, expresaron en el primer párrafo de un documento difundido en las últimas horas.
“Las diversas gestiones realizadas en torno a la solicitud de modificación, por única vez, del artículo 7, de la ley provincial 10.406, donde se solicitaba la habilitación de la posibilidad de presentarse por un período más como candidatos en las localidades del interior provincial, para los cargos de intendentes, presidentes comunales, concejales, tribunos de cuenta y miembros de la Comisiones Comunales, dado que ninguna legislación, en ningún nivel de Estado, puede ser retroactiva, quedó absolutamente cerrada”, agregaron.
“De esta forma, se desconoció el pedido de los verdaderos representantes del pueblo y sus intereses, quienes, además, en el interior provincial somos los que estamos al frente de la resolución de las demandas ciudadanas, todos los días -sumaron-. Aún en circunstancia tan adversas, como lo fue la pandemia de Covid-19, que sin contar con ningún apoyo serio de parte del Gobierno provincial, afrontamos el escenario con recursos propios y el apoyo inconmensurable de los vecinos, pudiendo salir adelante evitando daños y perjuicios mucho mayores”.
En ese escrito, los intendentes expresaron, además: “Nunca se pretendió la reelección indefinida ni atornillarse a las sillas del poder, como si lo hacen muchos dirigentes de diferentes partidos políticos desde 1983. Nuestra solicitud es clara: habilitar, a través de la corrección política de una ley que jurídicamente está mal, la posibilidad de ser candidatos por un período más y, elección de por medio, continuar trabajando por el progreso de nuestras localidades y el bienestar de los vecinos. Solamente ellos tienen la potestad de legitimar con su voto el accionar de sus representantes locales, en elecciones legales, legítimas y democráticas”.
También calificaron que la modificación de este artículo, sancionado en 2016, “fue jurídicamente incorrecta”. “No estaba ni está como temática a abordar en el orden de prioridades de la ciudadanía cordobesa. Una ley antidemocrática que en los hechos nos proscribe y atenta contra la voluntad popular. Hoy los graves problemas y falencias que atraviesa nuestra provincia en materia de educación, salud, seguridad, justicia, obra pública, viviendas, infraestructura de servicios públicos básicos, salarios, entre otros, principalmente en el interior provincial, donde la distribución de los recursos de un Gobierno provincial que se dice federal, dista mucho de soluciones de fondo y de ser equitativa”, cuestionaron.
Los intendentes apuntaron directamente a la gestión provincial en cuanto a su llegada al interior provincial. “El gobierno de Schiaretti implementa programas que poco favorecen al desarrollo y bienestar de las comunidades del interior y van a contramano de las demandas reales que tiene la sociedad cordobesa. Los recursos se concentran en las grandes ciudades y para el resto solo llegan migajas maquilladas por grandes aparatos publicitarios y marketineros financiados con los impuestos de todos los vecinos, principalmente, de nuestro interior productivo y pujante”, expresaron.
Al final del documento, los intendentes hicieron saber que trabajarán en el armado de una tercera pata electoral de cara a las elecciones provinciales de 2023. “Reiteramos el rechazo al trato recibido por todas las autoridades provinciales y sus prácticas políticas, postulamos adelantar conjuntamente la fecha de los comicios para la elección de autoridades locales, prescindir del apoyo dado a cualquier candidato, de todo partido político, para los cargos provinciales, además de no enviar representantes ni fiscales partidarios para la fiscalización de las elecciones provinciales en cada comunidad y no descartar la presentación de una lista propia, con candidatos propios, para los cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores departamentales y de la lista sábana y Tribunal de Cuentas Provincial”, concluyeron.
Renuncia al PJ
Una de las repercusiones política directas por el no tratamiento de la modificación de la ley electoral fue el anuncio que hizo el intendente Delbono, quien aseguró que presentará su renuncia a la presidencia del PJ del departamento San Martín.
Delbono es un intendente peronista que está cumpliendo su cuarto mandato consecutivo, liderando a una alianza vecinal en su localidad, en un acuerdo que también incluye a la UCR. “Es momento que los intendentes del interior nos juntemos para hacer sentir nuestra voz, que no es escuchada desde hace varios años. El tema de la modificación del código electoral fue uno más, pero hace mucho tiempo que los intendentes de las localidades más pequeñas venimos reclamando que nos escuchen”, aseguró Delbono, pocos minutos después que se confirmara que en la sesión de este miércoles no se trataría la discutida modificación de la ley 10.406.
El intendente de Pasco había sido designado en marzo pasado como titular del departamento San Martín, fruto de un acuerdo político entre el ministro de Industria provincial, Eduardo Accastello, y el intendente de Villa María, Martín Gill, los dos referentes peronistas de ese departamento, uno de los más grandes del interior.
