La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió hoy en calidad de testigo al contador Héctor Marchi, quien fue desplazado días atrás del cargo como administrador general de la Corte Suprema con el voto de tres de los cuatro magistrados, luego de que entregara un informe que pone en evidencia graves irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
«Cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por el doctor (juez Juan Carlos) Maqueda, porque era el encargado de la obra social. No se necesitaba ningún tipo de designación.
Por eso creo que cuando tomamos responsabilidades nos tenemos que hacer cargo», disparó Marchi, quien negó que la obra social haya estado bajo su control entre 2008 y 2021.
Por el contrario aclaró que «el directorio unipersonal» estaba integrado por Eduardo Tonón, quien fue el director de la obra social (a instancias de Maqueda) hasta su renuncia el 30 de marzo pasado, agobiado por las denuncias en su contra sobre los desmanejos en la prestadora médica.
«Maqueda no solamente supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se realizaban porque semanalmente todos los empleados veían cómo el doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que las autorice. Nada se hacía sin la autorización del doctor Maqueda», insistió el testigo.
Según repasó en la comisión, en el informe que le envió a la Corte, él había consignado que hubo pérdidas por 3.000 millones de pesos en un lapso de entre seis y ocho meses meses por no invertir el dinero remanente de la OSPJN en plazos fijos.
El ex ahora administrador, hombre de confianza del juez Ricardo Lorenzetti, informó que durante la gestión de Tonón no había un sistema informatizado de gestión, que la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación transparente.
Sumó asimismo que «no había controles de ingresos ni de pagos», no había balances contables. «No existe una organización sin contabilidad. El comerciante, el industrial, una pyme que no tiene una contabilidad tiene graves problemas no sólo con la AFIP sino de gestión, y seguramente se funde al día siguiente», enfatizó.
También denunció que se les pagaban aranceles muy bajos a los prestadores, lo cual había derivado en una disminución de los servicios de prestadores para los afiliados.
En el informe, además, advirtió sobre vacancias inadmisibles en cargos clave como el de subdirector administrativo, subdirector médico y otras áreas importantes para el funcionamiento de una obra social.
Para Lorenzetti, el traslado de Marchi hacia la Cámara Federal de Seguridad Social fue una sanción y una suerte de «vendetta» que sus tres pares le impusieron por haber destapado los desaguisados de la obra social, cuyo control recae en la Corte.
«Maqueda quedó a cargo de la obra social. Una prueba de ello es que todos los directores los eligió Maqueda y nunca hubo concurso», afirmó Marchi al comienzo de su intervención en la comisión, al leer una declaración de su autoría, antes de responder las preguntas puntuales de los miembros de la comisión.
«Por eso hay cierta confusión porque se dice que la obra (social) estaba bajo la dependencia directa de la administración y seguidamente se señala que tiene una autonomía funcional y financiera bajo la responsabilidad de un directorio, algo contradictorio. El directorio unipersonal decidía todo en consulta permanente con el doctor Maqueda», aseguró.
Tras relatar que el directorio quedó reducido a la figura de Tonón luego de una serie de movimientos digitados por el propio Maqueda, Marchi señaló que volvió a vincularse a la obra social a partir de la acordada 19 del 2021, pero no en un rol de dirección sino como auditor con informes mensuales de supervisión.
«Esos dictámenes míos fueron muy críticos. Si yo hubiera estado a cargo de la obra, no me habría criticado a mí mismo. Hubiera hecho las cosas bien. Tampoco hubiera sido sancionado con mi traslado. Es absurdo que se diga que yo estaba a cargo de la obra (social)», lamentó.
Marchi aprovechó el ámbito de la comisión para denunciar que desde su desplazamiento, él y personal cercano están siendo «víctimas de seguimientos y amenazas».
Sobre el final de la reunión, se suscitó un debate entre los diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio sobre cómo proceder para que comparezca como testigo Tonón, quien se ausentó por segunda vez consecutiva a la comisión.
Tras una serie de intercambios, se resolvió volver a citarlo bajo apercibimiento de que si vuelve a faltar será requerida su comparecencia con la intervención de la fuerza pública.
