El derecho de la vejez debe correrse «del paradigma biomédico y asistencialista», para centrarse en el «envejecimiento activo y saludable», destacaron ayer especialistas de la vejez, a raíz del fallo de la Corte Suprema de la Nación (CSJN) que sienta «un precedente» que prioriza la salud y vivir con dignidad.
La Corte Suprema de la Nación (CSJN) revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado la incorporación de una mujer como afiliada a una obra social provincial, apelando a priorizar «los derechos a la salud y a vivir con dignidad en la vejez», informaron oportunamente fuentes judiciales.
En un contexto donde los amparos de las personas mayores dirigidos a las obras sociales «son el pan de cada día en el sistema judicial», el fallo del máximo tribunal «sienta un precedente para la Justicia en todo el país», explicó en declaraciones periodísticas María Isolina Dabove, investigadora especializada en Filosofía del Derecho y Derecho de la vejez.
Pese a que las decisiones de la Corte «no son formalmente vinculantes para los jueces inferiores», el fallo «es importante porque va a ser leído, tenido en cuenta y utilizado como una herramienta por los profesionales que defiendan a las partes», señaló la especialista.
En este sentido, Dabove indicó que el derecho de la vejez se consolida «en el paradigma del envejecimiento activo y saludable», a partir de una consideración «realista y compleja» de esta etapa de la vida.
«La expresión ‘vida con dignidad’ en la vejez es un concepto abierto. La Corte lo asoció con contar con mecanismos de asistencia sanitaria acordes a esta etapa de la vida, a fin de no dejar sin respuesta a esa persona», señaló.
A su vez, la investigadora remarcó que el fallo genera un mensaje sobre los tiempos de los sistemas procesales, que «no han sido diseñados pensando en los tiempos y las expectativas de las personas mayores», provocando que los procesos judiciales «se demoren por 10, 15 e incluso 30 años».
Por este motivo, remarcó la necesidad del tratamiento en la Cámara de Diputados de la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores, firmada en 2017, para que concluya el proceso de otorgamiento de jerarquía constitucional y se ponga «en paridad de importancia el tratado sobre personas mayores respecto a los otros tratados».
Esta convención reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales para ese sector de la sociedad y «hace un fuerte señalamiento a tener una protección sanitaria efectiva junto a un acceso a la Justicia rápido y expedito en caso de vulneración», indicó Dabove.
De este modo, con la aprobación final de este proceso, «los jueces van a tener una herramienta mucho más poderosa para, en gran medida, construir soluciones para las vulneraciones de derechos de las personas en su vejez».
En tanto, Laura Salatino, gerontóloga especialista en psicogerontología, señaló que el fallo de la Corte «valora el derecho a la salud, poniendo sobre el tapete la dignidad de una persona, que debe ser lo prioritario».
«Lamentablemente, la discriminación está incorporada en las propias personas mayores y en los propios equipos profesionales. Necesitamos promover el paradigma de derechos en el trabajo con personas mayores y debemos corrernos del paradigma biomédico y asistencialista, que termina siendo reduccionista», agregó.
Para la gerontóloga, la integración sociosanitaria de las personas mayores constituye «la gran asignatura pendiente en nuestro país, en Latinoamérica y aún en países del primer mundo».
Asimismo, consideró que se está asistiendo a un «proceso de concientización sobre estos temas que es importante seguir profundizando», ya que «todos debemos procurar ser agentes de cambio desde el lugar que uno ocupe».
Por su parte, Ricardo Iacub, psicólogo especialista en personas mayores, remarcó la necesidad de una «sociedad que sea menos ‘viejista’, es decir, que tenga menos prejuicios hacia la vejez», y que incorpore «un proyecto» para las personas de esa edad.
Además, una de las problemáticas que más impactan sobre las personas mayores en los procesos judiciales es la «cuestión existencial», debido al «menor tiempo» con el que cuentan, sostuvo Iacub.
Por este motivo, agregó que es necesario «adecuar las circunstancias vitales para que la respuesta al reclamo no llegue una vez que la persona no está, o que tarde tanto que no pueda disfrutarlo y vivirlo como mereciera».
Finalmente, el psicólogo remarcó la importancia de contar con una cultura del envejecimiento «que ponga como ideal no solo cuestiones que son más factibles en la juventud, sino que haya ideales en toda la vida», para lo que es necesario «repensar los niveles de accesibilidad que existen en esta sociedad para las personas mayores».
