La emergencia ambiental que atraviesan los habitantes de Villa El Libertador por el crecimiento de las napas freáticas tuvo un nuevo capítulo esta semana cuando representantes de esa populosa barriada se acercaron el lunes último a los Tribunales adonde se desarrolló una nueva audiencia a partir del recurso de amparo interpuesto por vecinos en 2016 contra la Provincia y la Municipalidad.
En la oportunidad, además de tratar las soluciones que las autoridades de ambas administraciones disponen para contrarrestar la falta de conexiones cloacales en las viviendas y sanear al barrio, un grupo de vecinos se acercó para alertar por problemas sanitarios similares que ocurren en otros sectores de la zona sur de la ciudad. Según anunciaron, presentarán nuevos amparos, en estos casos por el estado de las napas en los barrios Comercial, Villa Arpeboch y Cooperativa Marta González.
En cuanto a la situación concreta de Villa El Libertador, a la salida del encuentro ocurrido en la Cámara Contencioso Administrativa, Emmanuel Acosta, uno de los amparistas, dijo que el juez a cargo hizo hincapié en que la zona de emergencia comprende a toda la barriada “y no solo a 33 manzanas”. Además, detalló que “volvió a ratificar el acuerdo entre las partes, en el que ambas administraciones deben completar las obras. Y nos pidieron que se aceiten los acuerdos en la mesa coordinadora para el barrio, con más información, con tareas de prevención”.
En ese mismo sentido, otro de los vecinos damnificados dijo que, en función del acuerdo firmado en diciembre pasado, el juez pidió conocer cuál es la respuesta de la Municipalidad al problema de los pozos negros en las viviendas del barrio. “Pidió saber cuál es el número real de desagotes que realizan las cuadrillas en la ciudad, ellos presentaron una cifra de 240 por mes. En su momento, nosotros calculábamos que necesitábamos unos 600 desagotes por mes o más”, detalló Luis Rocha.
El mismo lunes por la tarde los vecinos se reunieron en asamblea en la plaza del barrio y resolvieron llevar adelante un monitoreo casa por casa para relevar no solo los pozos negros sino también los problemas edilicios de las viviendas. Aseguran que hace un año y medio 400 viviendas y 1.500 vecinos estaban afectados por el problema sanitario. Sin embargo, hoy calculan que esa cifra se elevó a 1.000 propiedades donde viven cerca de 4.000 habitantes. Cabe recordar que el 7 de febrero falleció un frentista de esa barriada, Ramón Granero de 61 años, cuando cayó a su pozo negro al ceder el terreno en el patio de su casa en calle Gobernación al 800.
