“Nos invade la impotencia y el dolor ante esta medida judicial, que beneficia a uno de los máximos símbolos de la represión ilegal en nuestra provincia, responsable de miles de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio La Perla y La Ribera, e iniciador de los denominados ‘levantamientos carapintadas’ contra el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1987”, expresaron Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba desde su cuenta en Facebook.
“Participó en el partido ultraderechista Modin, y evadió a la Justicia argentina cuando huyendo del país fue vendedor de arte en EE.UU. hasta que organismos de DD.HH. de Córdoba lograron encontrarlo y denunciarlo para ser traído al país para ser juzgado por sus crímenes”, recordaron en un comunicado. Barreiro “fue condenado por primera vez en la sentencia de la megacausa por el terrorismo de Estado en Córdoba en 2016. Se encontraba cumpliendo su condena en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo – Unidad 34. Por razones médicas y de edad, se le ha concedido bajo la guarda y tutela de su esposa, Ana Delia Maggi”, señalaron.
Además, consideraron que “en este clima de época, vemos en esta medida un nuevo intento de frenar los avances de las causas por delitos de lesa humanidad y consagrar la impunidad, desoyendo al pueblo argentino que una y mil veces cada 24 de marzo grita Nunca Más!”. “No vamos a bajar los brazos, vamos a llevar a Barreiro al único lugar que le corresponde a un genocida: la cárcel, común, perpetua y efectiva”, sentenciaron desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.
